La historia dirá que el reloj marcaba la 13:36 del 31 de agosto de 2016 cuando llegó el final de la presidencia de Dilma Rousseff. Y con ese final, quizás el comienzo del ocaso definitivo del Partido de los Trabajadores (PT), la coalición liderada por Lula Da Silva que controló Brasil desde 2003.
El Senado dispuso este mediodía por amplio margen que la ahora ex mandataria fuera destituida de su cargo, mientras la Cámara se disponía a decidir si además sería impedida de ejercer puestos políticos durante un período de ocho años. En su lugar asumirá el vicepresidente Michel Temer, a cargo del Poder Ejecutivo el tiempo que duró el juicio político de la petista.
Rousseff no permaneció sola en el momento político más duro de su vida. En el Palacio de Alvorada miró atentamenet los discursos que aliados y oponentes dieron minutos antes de la votación en el Senado. A su lado estaba su viejo amigo Lula Da Silva, jefe del PT y ex presidente brasileño, quien se halla en medio de la tormenta de corrupción que también contribuyó a golpear la imagen de Dilma.
En un primer momento, los senadores debían responder la pregunta: "¿La acusada cometió crímenes de responsabilidad y debe ser condenada con la pérdida del cargo y el impedimento para ejercer cargos públicos por 8 años?". Sin embargo, a pedido del PT, la segunda parte de la consulta fue hecha por separado.
Para la destitución, debían contarse 54 votos positivos. Pero para sorpresa de muchos, fueron 61 los senadores que se mostraron a favor de apartar definitivamente a la ex mandataria de la presidencia de Brasil. Sólo 20 legisladores apoyaron a Rousseff, en lo que marca un fuerte debilitamiento del PT en el juego político brasileño.
Temer, quien esta noche partirá rumbo a China, donde participará en el G-20, jurará esta tarde como nuevo presidente de Brasil, cargo que ejercerá hasta 2018.
La ahora ex presidente, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso el pasado 12 de mayo, fue acusada de emitir tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.
Las acusaciones se dieron en el marco de una grave crisis de credibilidad y en medio de escándalos de corrupción que no sólo afectaron a su gobierno, sino también al ex mandatario Da Silva y al PT. Ambas operaciones están tipificadas como "infracciones" en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en vigor desde 2000, que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los presupuestos y en esos casos establece como pena la destitución y la pérdida de los derechos políticos por un lapso de ocho años.
En tanto, el mismo Senado dejó a Rousseff con un sabor agridulce al pronunciarse en contra de que sea inhabilitada durante ocho años para ejercer cargos políticos. Cuarenta y dos senadores se declararon a favor de la ex jefa de Estado, en tanto que 36 lo hicieron en contra de su continuidad en la vida política brasileña.
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