El clima de tensión estaba en ascenso en Bolivia este jueves, con muchas carreteras ocupadas por mineros desde hace tres días, la muerte de al menos un piquetero y el supuesto secuestro por parte de manifestantes del viceministro del Interior, informó el Gobierno.
"El viceministro (Rodolfo) Illanes, que se encuentra en la localidad de Panduro (escenario de choques el miércoles entre mineros y policías), ha sido secuestrado por cooperativistas mineros que amenazan con que lo van a empezar a torturar", declaró el ministro del Interior, Carlos Romero, en rueda de prensa.
Illanes se encontraba en el lugar del bloqueo buscando acercamiento con los mineros que se mantienen atrincherados en las serranías, según la versión oficial. Un dirigente del sector, Agustín Choque, citado por radio Compañera, desmintió al ministro Romero y manifestó que el funcionario "no está secuestrado, únicamente está retenido".
Los mineros agrupados en cooperativas privadas tomaron las rutas el lunes para exigir la liberación de diez detenidos acusados de atentar contra la vida de policías y bienes del Estado en enfrentamientos esporádicos a principios de agosto.
Además, exigen tratar directamente con el presidente Evo Morales, su aliado político, un pliego sectorial rechazado de antemano por el Gobierno. Este colectivo ocupa importantes cargos en el Ejecutivo, en una Superintendencia del ramo y en el Congreso, donde cuenta con senadores y diputados.
Según Romero, los mineros del sector cooperativo presionan para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, una acción prohibida por la Constitución. "Quienes protestan son cooperativistas comprometidos con las transnacionales", acusó.
La prensa divulgó el contenido de 36 contratos de esta índole firmados por los mineros.
Hasta el mediodía del jueves, había choques muy esporádicos en Sayari, Cochabamba, y las rutas estaban sembradas de piedras y escombros.
En la peor jornada de violencia, el miércoles, se registraron dos bajas de parte de los mineros en rutas de Cochabamba, según la Federación Nacional de Cooperativas Mineros (Fencomin). El Gobierno reconoce únicamente la existencia de un fallecido.
"El Plan de Operaciones de la Policía Boliviana no contempla el uso de armas letales", señaló un comunicado del Ministerio de Gobierno.
La posibilidad de iniciar negociaciones, abiertas por gestiones de la Defensoría del Pueblo, había fracasado este jueves por las bajas mineras.
A causa del clima de tensión, Romero insistió en que "las puertas del diálogo están abiertas" con la condición de la "suspensión definitiva de todos los bloqueos".
(Con información de AFP)
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