Daniel Scioli decidió que no participará de un debate antes de las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Según sus voceros, uno de los motivos es que no existe una ley que institucionalice la discusión de propuestas entre candidatos en la Argentina. Es por eso que prometieron trabajar a contrarreloj para presentar un nuevo proyecto sobre el tema en el Congreso.
Lo llamativo del caso es que la Cámara de Diputados ya comenzó a debatir este año una ley que obliga a los candidatos a Presidente a debatir sus propuestas. Es más, la iniciativa contó con el respaldo del Frente para la Victoria que, sorpresivamente, cambió su postura y enfrió el camino legislativo luego de las vacaciones de invierno.
La mentora del proyecto es la diputada de la Coalición Cívica Carla Carrizo. Según explicó, en el primer semestre del año el oficialismo había mostrado interés por sancionar la iniciativa. Es más, la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la utra K Diana Conti, creó en tiempo récord un equipo de trabajo para darle un tratamiento veloz al proyecto.
"La idea era debatir la ley en la primera semana de agosto, pero la voluntad política del oficialismo claudicó. Algo pasó en el medio. Hubo un cambio de parecer y ahora la idea es blindar al candidato a la Presidencia", aseguró Carrizo en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.
Luego de que Scioli declinara su participación en el debate convocado para el domingo 4 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el equipo de campaña de Mauricio Macri comenzó a analizar cuál será su estrategia. El candidato presidencial de Cambiemos también puso en duda su presencia y ahora el debate quedó en riesgo.
Algunos dirigentes del PRO están convencidos de que sería riesgoso que Macri se presente a debatir en un escenario donde tiene más para perder que para ganar. Es decir, tienen un criterio similar al que llevó a Scioli a evitar la confrontación de ideas. Otros creen que podría ser ventajosa la foto del atril vacío con el nombre del gobernador de la Provincia.
El proyecto de ley de Carrizo -que obtuvo el respaldo del kirchnerismo- contempla una suerte de sanción para los dirigentes que no cumplieran con la imposición de debatir. La idea apunta a utilizar los espacios de publicidad oficial para informar a la ciudadanía el nombre y apellido del candidato que desistió de la convocatoria. La ley no está vigente y los postulantes que dejen su lugar vacío en la Facultad de Derecho sólo pueden ser sancionados en un solo lugar: las urnas.
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