Derrame de cianuro: el juez investiga "por qué falló el plan de contingencia" de Barrick Gold

Tras el derrame de cientos de miles de litros de solución de cianuro el río Las Taguas, en San Juan, el juez penal Pablo Oritja investiga por qué falló el plan de contingencia de la empresa canadiense Barrick Gold en la mina Veladero.

El magistrado encabezó una inspección ocular en la mina, a la que se sumaron un grupo de fiscales y peritos. Allí constató que la fuga se produjo en una válvula que fue secuestrada por Gendarmería. El experto Daniel Cabrera, de la Universidad de San Juan -cercana a Barrick Gold-, afirmó a la prensa local que la pieza habría cumplido su ciclo de vida útil.

Aunque el juez adelantó que el problema en la válvula está siendo investigado, no puso el acento en su posible falta de mantenimiento o de reemplazo. "El tema es por qué falló el plan de contingencia para que el cianuro no llegara al río. Ahí está donde ha habido, en principio, una negligencia humana", opinó. Lo explicó así: "¿Es posible que se genere una fuga en el valle de lixiviación? Sí. Ahora, ante un derrame, ¿Cómo se actúa?".

Según explicó Oritja al Diario de Cuyo, el líquido derramado a través de la válvula averiada debería haber ido a parar a una pileta de contingencia, pero no llegó porque había una compuerta abierta que tenía que estar cerrada. El juez cree que en algún momento hubo una orden de dejarla así. Por eso pidió un listado de todos los empleados que estaban en la planta el domingo a la mañana, cuando el cianuro cayó el río. El martes comenzará a tomarles declaración.

Oritja es el mismo juez que el miércoles dispuso el cese de actividades por cinco días en el valle de lixiviación de Veladero y ordenó que Barrick Gold entregue bidones con agua potable en las localidades más cercanas. El magistrado tiene en su escritorio dos recursos de amparo (uno de un vecino y otro impulsado por el municipio), un pedido de investigación penal del fiscal general de San Juan, Guillermo de Sanctis, y una presentación de dos dirigentes. En la Justicia Federal hay otras investigaciones en curso.

Al compás del derrame se reavivaron las manifestaciones populares contra la megaminería en la zona, que buscan demostrar que no hay licencia social. Ayer hubo una concentración en la ciudad de Jáchal, de la que participaron más de 6 mil personas, en un departamento que en el censo de 2010 apenas superaba los 21 mil habitantes. A la población local se sumaron vecinos del cercano Iglesia, donde está Veladero.

Uno de los sentimientos comunes entre los manifestantes es el miedo debido a la falta de certezas, pese a que los exámenes que se hicieron demostraron que el impacto ambiental no superó el máximo legal permitido. Un vocero de Barrick Gold cuestionó la forma en que circuló la información por las redes sociales, pero los ambientalistas recordaron que la empresa tardó cuatro días en reconocer el vertido de cianuro a un río y que el Gobierno provincial recomendó no tomar agua en la zona.

Al reclamo se sumó la Asociación de Viñateros Independientes, que en un comunicado llamó a "evaluar el equilibrio de la explotación minera y la protección del medio ambiente y la calidad de vida", ya que "la actividad agropecuaria fue destruida por la minería".

El diario local Tiempo de San Juan informó que los ejecutivos canadienses que llegaron al país desde Toronto decidieron la salida de la empresa al gerente general de Veladero, Antonio Adames y otros cuatro responsables de la mina. El medio aseguró que la empresa vivió un cortocircuito interno y que desde el yacimiento negaron durante 48 horas el derrame a las autoridades de la compañía. En la firma buscan instalar la idea de que una falla en un caño es habitual y que el problema fue un error humano.

Por lo pronto, la planta sigue funcionando en las etapas previas y posteriores al proceso de lixiviación. Y los asambleístas adelantaron que no claudicarán en sus cinco demandas: el esclarecimiento del derrame y el saneamiento de los ríos afectados, una sanción para los organismos de control, la expulsión de Barrick Gold del país tras el pago de una indemnización y la prohibición de la megaminería a nivel provincial.