Los secretarios nacionales de Minería y Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Mayoral y Sergio Lorusso, respectivamente, más la compañía minera Barrick Gold fueron denunciados penalmente por el derrame de cianuro en la provincia de San Juan. También hubo una presentación del Gobierno de San Juan y de dos legisladores de Jáchal.
La denuncia penal contra la canadiense Barrick Gold y los funcionarios Mayoral y Lorusso fue radicada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, con sede en Trelew, que acusa a los secretarios y a la empresa, entre otros delitos, de "envenenamiento de aguas" y de "medicamentos", así como "propagación de enfermedad peligrosa". La ONG, representada por el abogado Mariano Julio Aguilar, incluyó además al subsecretario de Ambiente de San Juan, Domingo Raúl Tello, y al titular de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé.
El expediente recayó en el Juzgado Federal 7, de Sebastián Casanello, con intervención del fiscal federal Ramiro González, que a su vez es titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA).
La semana pasada en la mina de oro Veladero, ubicada en la cordillera de los Andes a 350 kilómetros de la ciudad de San Juan, se produjo un derrame de cianuro por la rotura de una cañería, por lo que se teme que haya contaminado el río Jáchal, que provee de agua dulce a la localidad homónima.
"Existirían derrames de cianuro sobre el río Jáchal que, por otro lado, este río cursa por San Juan para desembocar en las provincias de San Luis y Mendoza, afectando de esta manera y contaminando a una innumerable cantidad de personas de tres provincias", sostuvo la Asociación.
Entre otras medidas, la Asociación propuso que la Justicia "ordene de inmediato el cierre de la empresa Barrick Gold en Veladero hasta tanto se sepa que no se contamina y se evalúe el Estudio de Impacto Ambiental que pudieran haber permitido las autoridades sanjuaninas para el funcionamiento de dicha empresa". También planteó que los gobiernos nacional y provincial entreguen "agua mineral para todas las ciudades aledañas dentro de la esfera de 250 kilómetros, a través de camiones hidrantes para que los mismos puedan agotar las necesidades de los pobladores que se han quedado sin agua, o que denuncian la contaminación".
La Asociación, además, consideró que Barrick Gold cuenta con "una suerte de patente de corso" en la zona de las Altas Costumbres porque, dijo, "no existe contralor alguno" por parte de "funcionarios nacionales o provinciales" y "no se sabe lo que extraen, ni en qué condiciones, ya que solo se abona al Estado una declaración jurada del propio explotador de la minera".
Ayer también hubo una presentación judicial del fiscal general de San Juan, Guillermo de Sanctis, en representación del gobierno de José Luis Gioja, uno de los dirigentes que con más fervor han defendido la minería en todas sus modalidades. En un escrito, solicitó que se investigue si se cometió algún delito. El expediente quedó radicado en el Juzgado Penal de Jáchal, a cargo del magistrado Pablo Oritija.
Por último, los dirigentes políticos y vecinos de Jáchal Saúl Zeballos y José Oscar Torres, del Frente Progresista Popular, pidieron a la Justicia que investigue "la presunta comisión de delitos contra la salud pública, referidos a la posible contaminación del agua destinada al consumo humano".
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