El organismo se encargará de examinar y emitir un parecer sobre la legalidad del balance público al Congreso. Sin embargo, los ocho ministros decidieron de manera unánime posponer dicho análisis hasta obtener respuestas de la mandataria.
De acuerdo con el tribunal, entre 2013 y 2014 el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a las entidades públicas Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.
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Esos atrasos, calificados como "maniobras fiscales", permitirían aparentar un mejor balance y reducir el déficit. Las distorsiones suman 281.000 millones de reales (casi 92.000 millones de dólares).
El ministro brasileño de Planificación, Nelson Barbosa, negó las irregularidades. "No hubo pedaladas fiscales (maquillaje fiscal), hubo operaciones autorizadas por ley", dijo Barbosa a los medios tras un encuentro en San Pablo con empresarios.
El tribunal ya investiga presuntas irregularidades que podrían comprobar violaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El manejo fiscal es una de las principales críticas que recibe Rousseff de la oposición, que ha amenazado en los últimos meses con lanzar un pedido para impugnarla por irresponsabilidad fiscal.
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