El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró este jueves que no renunciará al puesto y respetará la decisión de la Justicia que dio trámite a una solicitud de antejuicio en su contra por su presunta responsabilidad en escándalos de corrupción en el Gobierno.
"Me voy a mantener en el cargo, es una responsabilidad constitucional", dijo Pérez a periodistas al indicar que las investigaciones no lo vinculan con los recientes casos de fraude descubiertos en las aduanas y el seguro social, que sumieron al Gobierno en una crisis institucional desde abril.
"Yo estoy dispuesto a seguir con el debido proceso (del antejuicio), pero voy a seguir trabajando hasta el último momento para servirle al pueblo de Guatemala (...). Yo no tengo ninguna responsabilidad, y me puedo sentir tranquilo de que no he cometido ningún hecho delictivo", señaló el gobernante, quien culmina su período de cuatro años en enero próximo.
"Me voy a mantener en el cargo, es una responsabilidad constitucional"
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pop del opositor partido Winaq, quien argumenta que el presidente incurrió en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
Tras la decisión judicial, el Congreso debe decidir si levanta la inmunidad a Pérez para someterlo a un proceso penal. Analistas políticos y diputados opositores estimaron que el antejuicio "es el preludio" de su renuncia.
La Corte Suprema de Justicia avaló la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pop
Según la acusación, Pérez tiene responsabilidad directa en fraudes millonarios revelados en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de su gobierno.
El pasado 16 de abril, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para sanear el sistema judicial guatemalteco, revelaron la existencia de la red de sobornos en las aduanas para evadir el pago de impuestos.
Entre tanto, el pasado 20 de mayo fueron arrestados el presidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez; y el presidente del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado al mandatario, acusados de participar en la adjudicación irregular de un millonario contrato de medicamentos.
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