En las últimas semanas el régimen del dictador sirio Bashar Al Assad se ha debilitado producto de los más recientes reveses militares y por las luchas internas en las altas esferas del gobierno. A su vez, una comisión de investigación internacional, después de tres años de operaciones, reveló que existen pruebas suficientes para acusar al presidente sirio y a altos funcionarios de su régimen por crímenes de guerra.
Esta evidencia fue recopilada por la Comisión para la Justicia y Responsabilidad Internacional (CIJA, por sus siglas en inglés), un órgano formado por investigadores y expertos legales que ya han trabajado en tribunales de guerra para la ex Yugoslavia y Ruanda, así como para la Corte Penal Internacional (CPI).
El financiamiento de la CIJA, cuya sede está en una capital occidental no revelada por cuestiones de seguridad, corresponde a Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Alemania, Suiza, Noruega, Canadá y Dinamarca.
Cuando las potencias occidentales propusieron al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una comisión investigadora, Rusia utilizó su poder a veto para frenar cualquier investigación del régimen de Al Assad.
Según consigna The Guardian, la actividad de los investigadores no ha sido sencilla. Uno fue asesinado, otros gravemente heridos, y varios han sido detenidos y torturados por militantes de las fuerzas sirias.
La Comisión cuenta con un equipo de investigadores en cada provincia, donde intenta recopilar documentos de los organismos militares, de seguridad y de inteligencia del régimen. Pero no sólo la búsqueda de información representa un problema. El traslado de los documentos obtenidos también significa un difícil obstáculo. Estos deben ser sacados del país por contrabando, generalmente por medio de puestos de fronterizos controlados por el ejército o por los grupos rebeldes.
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"Desde el principio la clave fue la adquisición de documentos y el contrabando", explicó Bill Wiley, jefe de la CIJA.
Hasta el momento la Comisión acumuló medio millón de páginas de informes y denuncias. A su vez, fueron llevadas a cabo más de 400 entrevistas, la mayoría a desertores del régimen.
En estos tres años de operaciones la CIJA completó la preparación de tres casos de enjuiciamiento. El primero corresponde a la más alta institución del régimen sirio, la Célula Central de Gestión de Crisis (CCMC, por sus siglas en inglés), y a importantes funcionarios de Al Assad, como el ministro del Interior, Mohammed Al Shaar, y el secretario adjunto del partido Baaz, Mohammed Said Bekheitan.
El segundo caso se centra en la Oficina de Seguridad Nacional (NSB, por sus siglas en inglés), que incluye a los jefes de las cuatro principales agencias de inteligencia y seguridad. El último se refiere a la comisión de seguridad de Deir ez-Zor, presidido por el jefe provincial del partido Baaz, que también controla los servicios de inteligencia en la provincia de Raqqa.
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