La Justicia brasileña aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
El juez federal Sergio Moro, de Curitiba, en el sureño estado de Paraná, informó este lunes que investigará a Vaccari y a otras 26 personas, entre ellas exdirectivos de la compañía acusados de recibir coimas de empresas a cambio de ventajas dentro de la compañía petrolera.
Los 27 acusados, en este caso, están imputados de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.
Según sostiene la acusación de la Fiscalía aceptada por el juez, Vaccari tenía contactos con directores de Petrobras, con quienes negociaba comisiones provenientes de los contratos, cuyos precios se inflaban, y recibía el dinero "disfrazado" en forma de donaciones legales para la campaña de su partido.
En las últimas semanas, el PT de la presidenta Dilma Rousseff negó en comunicados haber recibido donaciones por fuera del sistema legal.
La Fiscalía presentó la denuncia el pasado 16 de marzo contra los 27 imputados tras detectar supuestos desvíos de dinero realizados en cuatro obras de Petrobras, la mayor empresa de Brasil y uno de los motores productivos del país.
Entre los investigados figuran personas que ya estaban acusadas ante la justicia federal por otros delitos en este gigantesco escándalo, como los ex directores de Petrobras Paulo Roberto Costa y Renato Duque, el antiguo gerente del departamento de Servicios de la firma Pedro Barusco y ejecutivos de diversas constructoras.
A lo largo de las investigaciones, la policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco ex altos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena.
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Además, el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, ha abierto investigaciones a 50 políticos.
La corrupción en Petrobras desencadenó una masiva protesta en todo el país el pasado 15 de marzo y ha sido uno de los motivos que han hecho bajar bruscamente la popularidad de la mandataria al 13%, según una encuesta del instituto Datafolha.
En medio de este escenario, la jefe del Estado anunció un paquete de medidas para aumentar la fiscalización y endurecer las penas por corrupción y sancionar como delito penal la contabilidad paralela en las campañas electorales, entre otros.
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