Jorge Rodríguez, ex asesor del ministerio de Seguridad que conducía Nilda Garré, ratificó en InfobaeTV su denuncia sobre la existencia de diez laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Rodríguez presentó durante su gestión 235 informes con datos muy precisos sobre la organización que conduce el peruano Marcos Antonio Estrada González. Y acusó a sus jefes y a la Justicia de "no hacer absolutamente nada". Sus reportes prueban, entre otras cosas, que los narcos están mejor equipados que los gendarmes apostados en los alrededores del asentamiento. Y que, al parecer, no están allí para combatir el tráfico de drogas, sino para tratar conflictos vecinales.
En su informe 198, en enero de 2013, Rodríguez analizó la política de seguridad de Río de Janeiro en las favelas. En un punto detalla el armamento usado por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales. Tras una larga descripción, su conclusión es tajante: "No van a las favelas como nuestros gendarmes y prefectos munidos de escopetas 12/70 con munición de postas de goma".
Del otro lado, los narcos. En un reporte presentado el jueves a la prensa, Rodríguez recuerda una reunión con miembros del Ministerio de Seguridad de inteligencia en la que contó que en la villa 1-11-14 hay "300 'soldados' peruanos armados con FAL, AK 42 y AK 47" y que en los pasillos, donde se infiltró durante años, vio "peruanos con Uzi y mini Uzi".
A su vez, ya en su primer informe sobre la villa, el 9 de marzo de 2011, le había revelado a Garré: "Los 'soldados' en general portan armas cortas en la cintura y a la vista, y sólo algunos llevan armas largas". En otro pasaje, afirmaba: "No tenemos dudas además de que los 'soldados' apostados en algunas de las terrazas disponen de lanzamisiles RPG, conforme nos han informado varias fuentes peruanas, como también de granadas, y que sin dudas saben utilizarlas".
El séptimo informe de la villa del Bajo Flores, de octubre de 2012, es particularmente revelador. Rodríguez ya había elaborado tres mapas sobre lo que el bautizó como Territorio Liberado Peruano y cuenta que le tuvo que entregar copias a los móviles de Gendarmería, porque no había recibido ningún tipo de información al respecto. "Esta es una buena muestra de cuanto les importa la vida de los gendarmes a sus jefes y a los funcionarios del Ministerio de Seguridad", comenta.
También advierte: "Por supuesto que (los gendarmes) tampoco sabían que los narcos tenían fusiles de asalto calibre 7,62 ni distintos tipos de ametralladores y cuando les relaté dicho pertrechamiento me miraban como un marciano. Hasta que empezaron a encontrar cápsulas servidas o munición 7,62 completa en las calles o los pasillos internos, que los soldados peruanos les dejaban para amedrentarlos. Soy testigo de que los chalecos RB2 que tienen los son atravesados por ese tipo de calibre con balas perforantes casi como si fueran de papel".
"Además los gendarmes llevan escopetas 12.70 con postas de goma, un enfrentamiento contra fusiles 7.62 resulta una broma de mal gusto, tal como me cansé de informarle varias veces a la Ministra por escrito", remata.
Rodríguez le encontró una explicación a tanto aparente sinsentido. En primer lugar, porque asegura que parte de un acuerdo de la Policía Federal con Marcos era la no agredir a los Gendarmes, algo que no siempre se cumplió. En segundo lugar, cree que los gendarmes fueron ubicados allí no para combatir al narcotráfico, sino para proteger a Marcos y su gente. La explicación es sencilla: "Los gendarmes tienen orden de no entrar a las calles y a los pasillos", explicó en la entrevista con InfobaeTV. Y el 90% de los casos que trataban eran sobre conflictos familiares y temas menores. Ni siquiera tenían perros detectores de sustancias, pese a que hay varios en Campo de Mayo sin ser utilizados.
Al respecto, es particularmente reveladora una situación que relata Rodríguez en su informe 204, de febrero de 2013. "El 27 de enero fue detenido en de la manzana 22 un ciudadano peruano apodado 'El Tío' con unas 120 dosis de cocaína y un par de bochas de marihuana. En cuestión de un par de minutos, los gendarmes fueron rodeados por un grupo de más de 100 personas, que luego fue creciendo en número, las cuales les arrojaron palos y piedras. El Segundo Comandante recibió un piedrazo en su cabeza y un pedazo de fierro le pegó en un brazo, en tanto otros efectivos también recibieron piedrazos. En la retirada el personal de Gendarmería recibió también disparos de armas de bajo calibre, seguramente 22 o 38".
Nota al pie: "El Tío" es Diego Luis Federico Donayre Santa Cruz, uno de los "oficiales" que secundan a Marcos. Pese a que no pudo acreditar un trabajo y a que notificarlo en la villa para que se presente en el juzgado sería una misión imposible, el juez federal Julián Ercolini lo liberó en a las 6 horas. Lo habían arrestado con 160 dosis de cocaína, 83 de paco, 90 de marihuana y más de 5 mil pesos en efectivo.
A este panorama negro se sumaban las pésimas condiciones laborales de los Gendarmes. Además de los insólitos salarios, un aqueja recurrente era los viáticos. En el informe 183, titulado "Malestar en Gendarmería", Rodríguez cuenta: "Personalmente puedo dar fe del descontento de los efectivos que integran el Operativo Conjuración al percibir viáticos del orden del 50% de los establecidos para el Operativo Cordón Sur. En tal sentido el argumento de sus superiores de que se les da vivienda en Morón les parece lisamente una burla, considerando las características del galpón donde duermen".
Pero los reproches no terminaban ahí. También había cuestiones operativas. En el informe 205, Rodríguez vuelca los resultados de una ronda de charlas informales con los efectivos para conocer sus reclamos. Son numerosos. Que "no reciben órdenes claras de 'entrar' en el Territorio Peruano", que "la cantidad de efectivos resulta insignificante para realizar procedimientos por estupefacientes" (entre 20 y 40 por cuadrilla), que "no han recibido un entrenamiento acorde con las características de la villa 1-11-14 y mucho menos con las del Territorio Peruano", que "no reciben ningún tipo de información sobre el Territorio Peruano de parte de sus superiores".
Hay más: "Plantean que es casi un suicidio circular por esos lugares con los chalecos refractarios, ya que los transforma en un blanco mucho más visible. Asimismo plantean poder portar fusiles y ametralladoras, ya que sus jefes les han 'blanqueado' que los narcos peruanos disponen de fusiles".
Incluso Rodríguez cree que los narcos hicieron tareas de inteligencia sobre los efectivos. "Los gendarmes asignados al Destacamento de Riestra, fueran espiados, escuchados y fotografiados por los narcos, ya que poseen viviendas a 20 metros de ese lugar localizadas en el Barrio Rivadavia", cuenta en la denuncia que presentó ante el juez Sebastián Ramos, al que el ex asesor de Garré acusa de "no hacer absolutamente nada".
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