El presidente de México, Enrique Peña Nieto, bajo presión desde que desaparecieron 43 estudiantes dejando en evidencia la fragilidad de las instituciones de seguridad y justicia, llamó el viernes a acelerar la modernización del sistema judicial.
Peña Nieto está enfrentando la peor crisis de sus dos años de Gobierno luego de la desaparición de los jóvenes en septiembre por policías municipales corruptos de la sureña ciudad de Iguala, quienes los entregaron a sicarios del crimen organizado.
Esta situación se agravó al develarse semanas después un escándalo por un conflicto de intereses, luego de que un medio divulgó que su esposa tenía una casa de propiedad de una empresa que fue parte de un consorcio ganador de una licitación para construir un tren de alta velocidad.
"La sociedad, con razón, está harta de sentirse vulnerable, está cansada de la impunidad y de la delincuencia", dijo Peña ante fiscales de todo el país.
"En cuanto a la vigencia de la ley, el Estado mexicano tiene una deuda de décadas con los ciudadanos, y es tiempo de saldarla", agregó.
Las fiscalías de los 32 estados del país, sobre todo en los más violentos, son a menudo objeto de críticas por no atender las demandas de las víctimas del delito, lo que lleva a menudo a que la población no realice denuncias y los casos no se resuelvan.
En 2008, el Congreso aprobó una reforma para modernizar el atrasado sistema judicial implantando los juicios orales y dando plazo hasta el 2016 a los estados para dejar atrás los juicios a puerta cerrada.
Sin embargo, a menos de dos años de que se cumpla el plazo fijado, solo unos pocos estados lo han implementado total o parcialmente.
"Quiero exhortar a las procuradurías y las fiscalías estatales, así como a los poderes legislativos y judiciales de las entidades, a acelerar, también, la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales", aseguró Peña.
En México, la policía es acusada frecuentemente de alterar evidencia o torturar a los detenidos para obtener confesiones, lo que ha derivado a lo largo de décadas en que inocentes vayan a prisión. Y las organizaciones del narcotráfico a menudo corrompen a las policías en todo el país.
A raíz del caso de los estudiantes, que podrían haber sido asesinados y sus cuerpos calcinados, la indignación en contra de las autoridades ha ido en aumento en las últimas semanas.
, en la última de una serie de protestas pidiendo el esclarecimiento de las desapariciones, ocurridas en el violento estado de Guerrero.
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