Procesamientos por la fallida venta de los terrenos del Club Banco Nación para hacer un hotel

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó varios procesamientos para los que participaron de la negociación por la cesión -finalmente no concretada- de parte de los terrenos del Club Banco Nación, una entidad deportiva arraigada en Vicente López.

Entre los procesados se encuentra Alberto Albamonte, una de las figuras efímeras de la Ucedé que luego se dedicó de lleno a los negocios. Debido a sus altas responsabilidades en la empresa hotelera Howard Johnson, Albamonte fue procesado por el delito de defraudación contra la administración pública.

La cadena de hoteles había anunciado la construcción de un hotel cinco estrellas en parte del predio del Club Banco Nación en Vicente López. Para ello realizó -según la justicia- una maniobra en la que participaron también los directivos del Club.

El caso, en el que Canicoba Corral dictó los procesamientos, se inició por una denuncia realizada por el fiscal Guillermo Marijuan luego de una investigación preliminar. Allí se determinó que la empresa Hutch S.A compró 5.886,80 m2 de los 38.878,49 m2 que tiene el club a un precio calificado por el fiscal como "vil". Hutch iba a construir un hotel de la cadena Howard Johnson y se comprometió a pagar u$s2,7 millones por el terreno que en noviembre de 2011 se había puesto a la venta en la web inmobiliaria Zonaprop por u$s20 millones. Está situado en la calle Zufriategui al 1200, paralelo a la General Paz, y vale -según tasaciones realizadas durante la investigación- entre u$s15 y 20 millones.

Los integrantes de la Comisión Directiva del Club Banco Nación que fueron procesados por Canicoba Corral son Juan Carlos Dicandia -que presidía la institución- y Gabriela Meler quien era la secretaria general. La agobiante situación económica del Club fue la excusa de los dirigentes para realizar la operación. El juez procesó también a Alberto Taussig y Horacio Rozanski, quienes integraban junto a Albamonte la firma que se iba a quedar con los terrenos.

Para Canicoba Corral, según consta en el procesamiento al que accedió Infobae de fuentes judiciales, los empresarios y los dirigentes del Club Banco Nación "actuaron de forma coordinada con el objetivo de que la empresa Howard Johnson se apropiara de un bien del club que no estaba habilitado para fines comerciales, que nunca debería haberse desprendido de la institución en las condiciones en que se hizo y que se encontraba en condiciones ideales para la explotación lucrativa de un hotel cinco estrellas de bandera entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Si bien la Justicia no tomó ninguna decisión sobre la actuación de las autoridades de Vicente López, hubo una participación de sectores políticos en la maniobra que se llevó a cabo entre 2008 y 2009. Para hacer el negocio había que conseguir una excepción al Código de Edificación Urbana. Que fue finalmente aprobada por los concejales. Y el entonces intendente Enrique "Japonés" García firmó el decreto 3148 para promulgar esa excepción. En un escrito firmado en conjunto por la empresa y el club que se plasmó en la ordenanza, se aceptó una compensación de $11.100.000 para que el municipio construyera "viviendas de clase media".

En la denuncia de Marijuan la compensación fue analizada como "un acto de corrupción". El fiscal denunciante se preguntó: "¿Cómo es posible que Hutch S.A. pague una compensación de $11.100.000 si estaba pagando por el terreno u$s2.700.000 que para la cotización de la época –tal como lo dice la escritura– equivalía a $ 8.667.000?". Marijuan había explicado que en otras compensaciones realizadas por modificaciones del Código de Edificación Urbana se estableció como pago la entrega de escuelas o jardines de infantes en el municipio. Pero jamás dinero en efectivo. Es más, la modificación del Código de Vicente López fue ratificada –como lo exige la Ley– por el decreto 512 del 18 de mayo de 2011 firmado por el gobernador Daniel Scioli. Pero dejó al margen de la ratificación lo referido al dinero en efectivo.

Para el juez los directivos del Club no dijeron la verdad a los socios. Y la empresa aprovechó las circunstancias para hacerse del valioso terreno. El juez sostuvo que "Dicandia va manipulando de esa forma las asambleas (de los socios del Club) e instrumentos jurídicos; engaña a los socios quienes al aprobar todo lo actuado, siempre se refieren a un derecho de anticresis (una sesión) sobre el terreno y nunca a una "venta" que no fue nunca planteada".

Canicoba Corral embargó a los procesados por cifras que van desde los 100 mil a los 250 mil pesos. Y consideró que la que fue defraudada fue la administración pública por la íntima relación que tiene el Club con el Banco de la Nación Argentina, la entidad bancaria estatal que ayuda, no solo con fondos, a la institución deportiva.