El club Banco Nación es una parte de la historia del deporte y también del partido de Vicente López. La institución tiene un predio gigante que fue presa de una empresa que quería construir allí un hotel en una ubicación inmejorable. La compra de parte del club Banco Nación es objeto de una causa judicial en la que fueron citados a declarar en indagatoria los directivos de la institución y los empresarios.
El caso, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, se inició por una denuncia que hizo el fiscal Guillermo Marijuán luego de haber realizado una investigación preliminar. Allí se determinó que la empresa Hutch S.A compró 5.886,80 m2 de los 38.878,49 m2 que tiene el club a un precio calificado por el fiscal como "vil". Hutch iba a construir un hotel de la cadena Howard Johnson y se comprometió a pagar u$s2,7 millones por el terreno que en noviembre de 2011 se había puesto a la venta en la web inmobiliaria Zonaprop por u$s20 millones. Está situado en la calle Zufriategui al 1200, paralelo a la General Paz, y vale entre u$s15 y 20 millones.
El presidente del club, Juan Carlos Dicandia, fue quien realizó la venta para, explicó, "afrontar una difícil situación económico financiera". Por la empresa negociaba Alejandro Taussig quien el 25 de abril de 2008 –día de la escritura– abonó u$s30.000. Marijuán destacó en su denuncia que ese dinero no alcanzaba ni siquiera para comprar un "monoambiente". Antes de la firma de la escritura Hutch había pagado otros u$s230.000. El resto se iba a pagar en cuotas, algunas con fecha establecida y otras cuando comenzaran a construir el hotel e incluso cuando se inaugurara. En la denuncia que el fiscal Marijuán hizo en 2011 se explicaba que el trato estaba "en el aire a la espera del cumplimento de condiciones inciertas y sin ningún tipo de garantía real, personal o de cualquier otra naturaleza. Todo ello trasluce algo así como un gran apuro o desesperación por concretar el despojo del valioso terreno".
Los integrantes de la Comisión Directiva del Club Banco Nación que fueron denunciados por Marijuán son Dicandia, Gabriela Meler y Eduardo Francisco Etchepare. También denunció a Taussig y otros miembros de Hutch: el ex dirigente de la Ucede Alberto Albamonte y Horacio Rozanski. Canicoba Corral citó a indagatorias a partir de hoy a los seis que había denunciado Marijuán y también al escribano Héctor Lanzani, quien participó del la operación investigada.
Durante la investigación preliminar citó a declarar a quien en el momento de la compra era el intendente de Vicente López. "Es una vergüenza" había dicho ante el fiscal Enrique García, radical K que manejó los destinos de ese municipio bonaerense por 24 años. Los investigadores no descartan que García deba, en algún momento, dar explicaciones en la causa.
Para hacer el negocio había que conseguir una excepción al Código de Edificación Urbana. Que fue finalmente aprobado por los concejales. Y García firmó el decreto 3148 para promulgar esa excepción.
En una carta firmada en conjunto por la empresa y el club que quedó escrita en la ordenanza, se aceptó una compensación de $11.100.000 para que el municipio construyera "viviendas de clase media". Para Marijuán aquella compensación fue "un acto de corrupción". Cuando hizo la denuncia se preguntó: "¿Cómo es posible que Hutch S.A. pague una compensación de $11.100.000 si estaba pagando por el terreno u$s2.700.000 que para la cotización de la época –tal como lo dice la escritura– equivalía a u$s8.667.000?".
El fiscal explicó que en otras compensaciones realizadas por modificaciones del Código de Edificación Urbana se establecía como pago la entrega de escuelas o jardines de infantes en el municipio. Pero jamás dinero en efectivo. Es más, la modificación del Código de Vicente López fue ratificada –como lo dice la Ley– por el decreto 512 del 18 de mayo de 2011 firmado por el gobernador Daniel Scioli. Pero dejó al margen de la ratificación lo referido al dinero en efectivo. Cuando hizo la denuncia, Marijuán encuadró los hechos en los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, administración fraudulenta y falsedad de documento público. Hoy, si los imputados no piden suspensiones, deberían comenzar las indagatorias.
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