La iniciativa del Gobierno para modificar la Ley de Abastecimiento generó análisis contrapuestos desde un primer minuto y provocó que varios referentes de la oposición fundamentaran su rechazo a la propuesta, con el argumento de que se trata de una reglamentación similar a la que el chavismo aplicó en Venezuela con pésimos resultados.
El vicepresidente primero de Fedecámaras de Venezuela, Francisco Martínez, fue consultado al respecto y señaló que, por lo que pudo saber, el proyecto kirchnerista "tiene básicamente el mismo corte de control precios" que se aplica en su país, aunque hizo la salvedad de que allí no hubo debate parlamentario ni consultas porque "fue una imposición completa" del chavismo.
Sobre los efectos de la norma, el vocero señaló que la norma de abastecimiento venezolana -allí denominada "ley de precios justos"- ha sido "una de las reglamentaciones más perversas" que aplicó el gobierno de su país porque "definitivamente inhibió la productividad y la inversión".
"Esa es la ley que llevó al desabastecimiento que sufrimos hoy en Venezuela, de una gravedad que ni las economías de guerra sufren", apuntó Martínez en declaraciones a Radio Mitre. Como prueba de ello destacó que en su país actualmente es difícil conseguir harina pan, producto esencial para la elaboración de las arepas, un producto típico y básico de la gastronomía venezolana.
"Se depende de la burocracia y la discrecionalidad de los funcionarios; por ejemplo, a la harina pan hace dos o tres años que no se le ajusta el precio, por lo que las industrias sufren un déficit y se les hace inviable la producción", ejemplificó el vocero empresario.
Para Martínez la reglamentación es "inviable" porque los funcionarios no entienden que "hay múltiples estructuras de costos y pretenden que todos los comerciantes se manejen con el mismo estándar". Entonces, la consecuencia es que muchos "produzcan y/o vendan a pérdida y no puedan reponer la mercadería, por lo que sobreviene el desabastecimiento".
Sobre las sanciones que se aplican en Venezuela, el vicepresidente primero de Fedecámaras explicó que "un empresario puede sufrir duras sanciones e incluso ir a la cárcel por vender a un precio no autorizado".
"Esta ley le pegó muy duro al país: no genera confianza y provoca que ningún inversionista venga a Venezuela porque nadie está dispuesto a que un funcionario le ponga precio a su producto", concluyó.
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