Avanza el polémico proyecto oficial que apunta a controlar y dirigir las empresas privadas

Junto al proyecto para una Justicia del Consumidor, el gobierno nacional presentó una iniciativa que ya preocupa a los empresarios: la propuesta aumentará el control sobre las empresas privadas y dará amplias facultades a la secretaría de Comercio para establecer un gran número de sanciones.

"Afecta a la industria", advirtió en radio Mitre el massista José Ignacio de Mendiguren, integrante de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA). Los directivos de la entidad tuvieron este martes un encuentro con el propio secretario de Comercio, Augusto Costa, para plantearle sus inquietudes. El jueves volverán a encontrarse para seguir con el debate.

El proyecto, que ya fue ingresado por mesa de entradas del Senado, incrementa las facultades de control y sanciones que en su momento supo tener Guillermo Moreno. De aprobarse, el Gobierno estará habilitado para incautar y vender mercaderías sin la necesidad de un juicio de expropiación previo.

También podrá cancelar concesiones, privilegios y regímenes impositivos o crediticios especiales que beneficien a las compañías e incluso tendrá la capacidad de "intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios, para la provisión de bienes y servicios imprescindibles", establece el texto.

La propia iniciativa justifica los amplios poderes que se le entregarían a la secretaría de Comercio en el hecho de que "resulta esencial observar el comportamiento del sistema de precios y el grado de concentración económica, que promueve un marcado abuso de posición dominante por parte de grupos concentrados", según consigna el diario Ámbito Financiero.

En el Congreso ya prevén que habrá un arduo debate. La discusión se dará primero en el Senado. Pero allí el oficialismo tiene un problema extra: los cuatro principales bloques de la oposición (UCR, Frente Amplio Progresista, peronismo disidente y PRO) ya anticiparon que no bajarán al recinto mientras Amado Boudou siga presidiendo las sesiones. El Frente para la Victoria tendrá entonces que arreglarse con el ajustado quórum propio de 38 legisladores que suele reunir con la ayuda de sus aliados.