Lejos de llegar a un acuerdo, el Tribunal de Enjuiciamiento que lleva adelante el polémico jury contra José María Campagnoli resolvió el lunes 7 postergar hasta mañana la discusión sobre el futuro del proceso. La renuncia de una de las integrantes del cuerpo, María Cristina Martínez Córdoba, no fue cubierta de inmediato y los plazos se vencieron, por lo que es inevitable un pronunciamiento.
Horas antes de la audiencia, Ignacio Irigaray y Ricardo Gil Lavedra, abogados del fiscal que se animó a investigar a Lázaro Báez, presentaron un escrito ante el tribunal en el que volvieron a reclamar la restitución de su defendido en el cargo del que fue suspendido en diciembre. "El juicio político ha terminado" y "no hay motivos que justifiquen la continuación de la suspensión cautelar", aseguraron.
El pedido de licencia que precedió a la renuncia de Martínez Córdoba impidió que se lleven adelante los alegatos del caso, última fase del jury previo a la sentencia. Por esa razón es que Irigaray y Gil Lavedra sostuvieron que Campagnoli "ya fue juzgado" en las audiencias que se realizaron entre el 16 y el 19 del mes pasado.
"Se cumplieron casi todas las etapas esenciales del proceso, se lo acusó, se le concedió la palabra para que replicara y se produjo la totalidad de la prueba que ofrecieron las partes", apuntaron.
Los abogados señalaron, además, que el proceso no podía continuar luego de que estuviera suspendido por un plazo mayor a 10 días -límite que se cumplió el viernes 4-, según lo estipula el Código Procesal Penal. Y agregaron que tampoco es posible el reinicio, afirmación para la cual se basaron en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación.
Tras cuestionar que la presidencia del tribunal no haya ordenado a los jueces suplentes asistir a las audiencias -cuestión que habría facilitado el remplazo de Martínez Córdoba-, la defensa del acusado observó que "la negligencia del estado en asegurar que el juicio se llevara a cabo sin impedimentos, contando con los remedios a su alcance, no puede ponerse a cargo de Campagnoli, por lo que
".
El fiscal fue apartado de su cargo a expensas de un proceso iniciado por la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, bajo la acusación de que se habría excedido de sus facultades en una causa de lavado de dinero. La oposición denuncia que se trata de una maniobra para congelar la investigación, que afectaba al empresario santacruceño Lázaro Báez.
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