Machado denunció a Cabello y solicitó una medida cautelar para ingresar al Parlamento

La dirigente opositora María Corina Machado introdujo, la tarde de este lunes, un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el parlamentario Diosdado Cabello, por impedirle entrar a su lugar de trabajo en la Asamblea Nacional. Junto a su abogado, Tomás Arias, presentó también una solicitud de amparo cautelar para que, mientras el Tribunal responde al primer pedido, la diputada pueda entrar a la Asamblea.

Arias explicó que el impedimento a Machado de entrar a la plenaria de diputados "viola su derecho al debido proceso, en tanto y en cuanto ningún procedimiento se estableció para el fin de la medida". Afirmó, además, que la acción de Diosdado Cabello va en contra de los derechos políticos de Machado, ya que al ganar las elecciones a las que se postuló, "el Estado debe facilitarle el ejercicio de sus funciones y no conculcarle sus potestades y prerrogativas".

La Asamblea Nacional, comandada por el chavismo, decidió que María Corina Machado había aceptado ser funcionaria de otro país cuando participó en una sesión de la OEA desde la silla panameña y por eso debía ser destituida. La antichavista efectivamente aceptó hablar el 21 de marzo en Washington para contar su visión de la crisis venezolana. Para el chavismo, esa participación significó la violación de la Constitución bolivariana.

El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) confirmó la decisión chavista. Consideró que la opositora perdió su investidura como diputada por "aceptar la representación alterna de Panamá". "Dicha actuación, ya sea permanente o alterna, sin importar el tiempo de duración, ante un órgano internacional por parte de Machado, constituye una actividad incompatible durante la vigencia de su función legislativa en el período para el cual fue elegida", señaló la Sala Constitucional del alto tribunal.

Añadió que esa función diplomática "no sólo va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente elegida, sino en franca contradicción con los deberes como venezolana" y "como diputada de la Asamblea Nacional" (Parlamento).

Para emitir su fallo, el tribunal analizó los artículos 191 y 197 de la Constitución venezolana, que señalan que los diputados "no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales", y están obligados a cumplir su tarea con "dedicación exclusiva".

"Soy la voz"

Después de ser recibida con aplausos y gritos de apoyo en las puertas del TSJ por un grupo de mujeres, María Corina Machado afirmó: "Los venezolanos sabemos que no hay justicia. He venido, como debemos hacer todos, para llevar un registro de los atropellos que ha cometido este régimen, porque habrá justicia y es importante que quede evidencia y pruebas" y porque "esto es necesario a los efectos de poder ejecutar acciones fuera del país".

"Todos sabemos que lo que ha ocurrido al expulsarme a la fuerza de la Asamblea Nacional es un hecho monstruoso, que viola la Constitución y que no tiene un precedente en la historia de Venezuela. No solamente se violan mis derechos humanos y garantías constitucionales, sino, sobre todo, los de los miles de venezolanos que votaron por mí para que yo fuera su voz y de los millones a quienes me toca y es mi obligación representar", expuso la asambleísta.

Así, aseguró que sigue actuando como diputada y afirmó que Diosdado Cabello no tiene potestad para desconocer esa realidad, por lo que seguirá denunciando ante la comunidad internacional las violaciones a los derechos humanos.

"Me quieren callar porque yo soy la voz de ustedes, de los venezolanos que no tienen voz, de estos estudiantes que están hoy detenidos y torturados, de sus madres, de sus amigos, de los empleados públicos. Seguiré en la calle acompañándolos y llevando su voz por el mundo entero, porque es mi deber como su diputada, como venezolana".

Desde el 4 de febrero, Venezuela vive una ola de protestas que iniciaron estudiantes de San Cristóbal (oeste) por la inseguridad, pero que se extendieron a otras ciudades con reclamos por la inflación anual de 57,3%, la escasez de productos básicos, la liberación de detenidos en las protestas y la represión de los cuerpos de seguridad. Además de los 41 fallecidos, las manifestaciones han dejado más de 600 lesionados y un centenar de detenidos, entre ellos, el dirigente opositor Leopoldo López y dos alcaldes antichavistas.