"El próximo martes 22 de abril, dentro de una semana, vamos a iniciar una ofensiva especial que hemos denominado PAP. El equipo económico tendrá que preparar esa ofensiva porque tiene características distintas a la que hicimos en noviembre", declaró Maduro durante un Consejo de Ministros en el salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, en Caracas. "Vamos a una gran ofensiva, todo el Gobierno y todo el pueblo. No hay batalla en una revolución que se gane sin pueblo", agregó.
El bolivariano afirmó que la "guerra económica" es la "batalla clave, decisiva y fundamental" de su gobierno. "Hay quienes creían que podían con la revolución bolivariana por la vía de la guerra económica. No han podido ni podrán. Nuestro pueblo tiene la conciencia suficiente para afrontar alguna dificultad que le ocasione esta guerra económica, tanto en el abastecimiento de algún producto como en la especulación de otro producto", insistió.
Todo comenzó a mediados de noviembre del año pasado, cuando el sucesor de Hugo Chávez le ordenó al Ejército y a las Milicias Populares ir tras los dueños de negocios que se negaran a abrir sus locales y vender sus productos a "precios justos".
El Gobierno forzó a los empresarios a vender con rebajas de hasta el 50%, porque si no lo hacían enfrentaban el riesgo de confiscación, cierre y hasta prisión. Además creó tribunales especiales contra la usura.
La inédita iniciativa provocó que más de 100 propietarios de locales fueran encarcelados por "burgueses". En aquel momento, las autoridades aseguraron que "compañías inescrupulosas" habían estado elevando los precios de artículos electrónicos y otros bienes en más del 1.000 por ciento.
Pero no conforme con todas estas medidas, a inicios de diciembre el gobierno venezolano publicó en la Gaceta Oficial que disminuyó el valor de los automóviles nuevos y usados. Según Maduro, las ensambladoras que operan en el país (Ford, General Motors, Mitsubishi y Chrysler) y las concesionarias de coches inflan los precios artificialmente manipulando la oferta.
El 20 de diciembre, Maduro profundizó su ofensiva ordenando detener y procesar a "empresarios especuladores". "Di instrucciones para que a partir de mañana sábado 21, quien se encuentre especulando o sea reincidente sea detenido y procesado. ¡Ya Basta!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. En sintonía con su jefe, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, le exigió a los comerciantes que supuestamente mantenían prácticas de usura que se vayan del país o cambien de actividad.
Esta ráfaga de polémicas medidas desembocó en la creación de una "superintendencia de precios justos", un organismo cívico-militar que fue presentado ante el Parlamento. El Gobierno sacará a la calle a un millón de inspectores y se espera que una buena parte de ellos sean integrantes de las Fuerzas Armadas.
La intención oficial es controlar como sea una inflación que cerró el 2013 con el 56,2% anual y que amenaza con trepar hasta el 75% este año. Dos cifras que causan desabastecimiento de alimentos en todos los supermercados del país y que ya provocaron que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo haya trepado al 900 por ciento.
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