Lejos quedó de ser el salvavidas que soñó el gobierno nacional: este lunes vencerá la segunda prórroga del blanqueo de capitales, un plan lanzado el año pasado por la administración de Cristina Kirchner para permitir que se regularizaran fondos no declarados como una forma de compensar la fuga de dólares que sufría el sistema financiero.
El objetivo ni siquiera estuvo cerca de cumplirse. Aunque el Gobierno se niega a dar datos oficiales, fuentes del sector estiman que el plan oficial recaudó unos 650 millones de dólares, apenas el 16,25% de los 4.000 millones que el por entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aspiraba a lograr.
El programa tuvo poca recepción en el mercado financiero desde el primer día y no logró tomar vuelo, pese a las presiones que ejerció en su momento a empresas y bancos el polémico funcionario para que ingresen divisas.
En primera instancia, el Congreso aprobó su vigencia hasta el 30 de septiembre y luego el Poder Ejecutivo lo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2013. En medio de un hermetismo total, inducido por los flacos resultados, el Gobierno volvió a extender la vigencia del programa hasta el 31 de marzo a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, sin que ningún funcionario se hiciera cargo del anuncio.
La prórroga enfrentó al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, con Moreno y el ministro de Economía, Axel Kicillof. En una entrevista con Infobae, Echegaray hizo pública su posición contra el programa, mientras que Kicillof y Moreno abogaban por su extensión defendiendo así lo que ellos habían creado.
"En la Argentina hay una alta porción de gente que no quiere pagar los impuestos y están acostumbrados a vivir en la ilegalidad. Se trata de un núcleo duro al que hay que atacar. Además, no tuvimos el apoyo del sistema bancario, porque infundadamente consideró que alentar el blanqueo podía llevar a recibir penalidades por los organismos que fiscalizan el lavado de dinero", explicó en aquel entonces el titular de la AFIP.
Para el blanqueo, el Gobierno había instituido dos instrumentos financieros: los Certificados de Depósitos de Inversión (Cedin) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade). El primero, como su nombre indica, era un comprobante de un depósito en dólares que sólo podía ser utilizado para la compra de inmuebles, pago de impuestos o adquisición de maquinaria. El Baade, como todos los bonos, contaba con una versión registral y otra caratular. Ambas pagan un interés semestral del 2% sobre el capital ingresado, vencen en 2016 y pueden ser emitidos en forma de pagaré (como todos los títulos públicos). Su suscripción se destina íntegramente al desarrollo del sector energético.
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