La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en la madrugada del miércoles medidas cautelares para proteger al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y pidió al gobierno de Colombia que "suspenda inmediatamente" el proceso de su destitución.
En una declaración de 11 páginas, la CIDH apuntó que era necesario "garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y (que) pueda cumplir con el período para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá".
El martes una corte colombiana había revocado 14 medidas de protección en favor de Petro y ratificado la destitución del alcalde, decidida en diciembre por un tribunal local. Con ello, la aplicación de la decisión judicial quedó en manos del presidente, Juan Manuel Santos.
Petro, de 53 años y el primer ex guerrillero en ejercer la alcaldía de Bogotá, considerado el segundo cargo de elección más importante después de la presidencia, fue destituido en diciembre por el procurador Alejandro Ordóñez, a raíz de una polémica reforma del sistema de recolección de basuras.
Además de la destitución, Ordóñez dispuso que Petro fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años.
En su declaración, la CIDH también pidió al gobierno de Colombia que informe "sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica".
La Comisión expresó que el análisis de los documentos disponibles indica que "los derechos políticos del señor (...) Petro, elegido popularmente como Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá y actualmente en funciones, se encontrarían en situación de gravedad y urgencia".
El presidente Santos deberá decidir el futuro del alcalde Petro
En su documento, la Comisión Interamericana dejó claro que el carácter de urgencia en este caso se definió con la decisión adoptada el martes por el Consejo de Estado, de ratificar la destitución e inhabilitación de Petro y pasar el legajo al presidente Santos.
"Con respecto al requisito de urgencia, la CIDH estima que se encuentra cumplido en la medida en que la sanción disciplinaria de destitución e inhabilitación podría materializarse a cualquier momento y generar sus efectos de forma inmediata, en vista que las tutelas destinadas a proteger al señor (...) Petro habrían sido revocadas por el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judiciatura", se lee en la declaración.
Por otra parte, la Comisión señaló que es necesario "que en cualquier proceso que conlleve la remoción, inhabilitación y/o destitución" de funcionarios elegidos por votación popular, "se respeten los parámetros consagrados en la Convención Americana".
De ejecutarse la decisión judicial "se podría generar un daño irreparable" al ejercicio de los derechos políticos del alcalde bogotano.
"Dicha situación podría generar un posible efecto colateral en el derecho de las personas que votaron por el señor (...) Petro", apuntó la Comisión.
En sus consideraciones, la CIDH también señaló que ante la aplicación de la sentencia del juez Ordóñez sobre la destitución e inhabilitación de Petro, las autoridades locales deberían llamar a nuevas elecciones, y con ello Petro "no podría regresar al cargo para el cual fue elegido por votación popular".
Petro, que fue electo para gobernar Bogotá de 2012 a 2016, enfrenta en paralelo un referendo revocatorio para sacarlo del cargo, que está previsto para el 26 de abril. Sin embargo, este proceso será suspendido si la destitución es confirmada.
La suerte del alcalde podría además ser analizada por la Corte Constitucional, que tiene la potestad de revisar los fallos emitidos, aunque tiene la discrecionalidad de tomar o no un caso.
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