El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sufrió el martes un duro revés en su intento por quedarse en la alcaldía capitalina, después que un alto tribunal colombiano falló que la Procuraduría sí tiene competencia para sancionar disciplinariamente a los funcionarios elegidos por voto popular, se informó oficialmente.
Sin embargo, la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, aclaró que Petro —cuyo período va del 1 de enero de 2012 al 21 de diciembre de 2015— aún no debe dejar el cargo porque hay que redactar un nuevo proyecto de sentencia que deberá someterse a votación por los 25 magistrados del Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes del país.
Rojas dijo que, por la importancia del tema, el alto tribunal seguramente se tomará "un tiempo mínimo" para fallar de una vez por todas el caso Petro en el Consejo de Estado porque "somos conscientes de la urgencia de esta decisión".
Guillermo Vargas Ayala, magistrado del Consejo de Estado, había presentado una ponencia a sus 24 colegas en la que daba la razón a Petro en su alegato de que la Procuraduría no tenía competencia para sancionarlo. Esa ponencia, al final, fue derrotada por 14 votos contra 11, según Rojas.
De todos modos, Rojas advirtió que la de la noche del martes será la línea que en adelante adopte el Consejo de Estado en otros recursos de tutela presentados por seguidores de Petro.
Se da como un hecho que el fallo del Consejo de Estado será llevado ante la Corte Constitucional, la máxima instancia del país en asuntos de la Carta Magna y que normalmente demora meses, años en algunos casos, para tomar sus decisiones.
Enterado de la decisión en su contra, Petro escribió en su cuenta de Twitter: "los espero el viernes en la plaza de Bolívar" para una nueva manifestación y "la única defensa que le queda a la Bogotá Humana es la ciudadanía misma movilizada".
La trama jurídica del caso comenzó en diciembre, cuando la Procuraduría General, que en Colombia tiene facultades para sancionar a funcionarios públicos en lo administrativo, destituyó al alcalde y le prohibió ejercer cargos públicos durante 15 años porque a finales de 2012 cambió por decreto el sistema de recogida de basura de Bogotá para entregarlo a la empresa estatal de aguas.
Según el procurador general Alejandro Ordóñez, esa decisión de Petro, ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), violó normas de la libre competencia y libre empresa, y provocó que durante tres días no se recogiera la basura en la capital colombiana, que tiene ocho millones de habitantes.
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