El miércoles 19 de febrero, cerca de las 20:30 horas, se desarrollaba en la zona de La Candelaria, Caracas, una de las tantas protestas contra el Gobierno. En una esquina estaba el ingeniero de sistemas José Alejandro Márquez, de 45 años, quien con su celular grababa imágenes de cómo agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y su cuerpo satélite, la Guardia del Pueblo, reprimían la protesta. Y esto no les pasó inadvertido a los integrantes de la mencionada fuerza de seguridad.
Márquez corrió menos de una cuadra cuando los hombres de la GNB intentaron atraparlo, mientras otro hombre filmaba la escena con su teléfono móvil a pocos metros. La imagen, que luego se convertiría en una prueba clave, muestra cómo Márquez corre perseguido por tres efectivos y unos metros más adelante tropieza y cae, golpéandose la nariz y la frente. Pero al caerse queda en poder de los hombres de la GNB, que lo llevan detenido.
Tres horas más tarde Márquez muere en un hospital de Caracas, debido a una fractura en el cráneo que médicos consultados por la familia dirían que sólo golpes muy potentes podrían haber provocado. Pocas horas después del fallecimiento, el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la República, Diosdado Cabello, aseguró que Márquez era un "sicario" que había recibido entrenamiento paramilitar para matar a Nicolás Maduro.
Márquez recurrió a los abogados del Foro Penal Venezolano (FPV), una ONG que reúne a abogados, médicos y voluntarios que asisten a los manifestantes detenidos en las protestas. El letrado del FPV que asesora a la familia de la víctima, Gonzalo Himiob, relató un ángulo poco conocido de la explosiva situación que vive Venezuela.
El "relato" oficial
"Esto resulta del todo increíble, puesto que muestra la construcción de una mentira oficial", señaló Himiob durante una conversación telefónica con el diario El País, de Uruguay.
Tras el incidente que provocó la muerte de Márquez, el 24 de febrero el vicepresidente venezolano Diosdado Cabello se refirió al tema en el programa "Con el mazo dando", que se emite por el canal oficial Venezuela de Televisión (VTV). Allí, Cabello exhibió varias fotografías ampliadas que mostraban a Márquez vistiendo un uniforme camuflado y portando lo que parece ser un fusil de asalto.
"Yo quiero que el país sepa, y sus familiares que lo sepan, que a ese señor lo mataron sus propios compañeros y les voy a decir por qué. Aquí está el señor (muestra una fotografía ampliada) recibiendo entrenamiento paramilitar. ¿Esto es una mentira? Esto es totalmente cierto, esto es un fusil con mira telescópica. Señor Alejandro Márquez, lamentamos que esté fallecido, de verdad", aseguró Cabello.
Pero apenas concluyó el programa comenzaron a llegar los desmentidos. El primero fue de la familia de Márquez y el segundo fue de la Federación Venezolana de Airsoft (FVA), la disciplina que, vistiendo ropa camuflada, practicaba Márquez.
"Él se dedicaba a la práctica de este deporte que se llama airsoft, que es como paint ball. Incluso hay muchos militares venezolanos que son parte de estos equipos y que lo conocían a Márquez", explicó Himiob.
Hasta la fecha, ni Cabello ni otra autoridad gubernamental han rectificado la información que se difundió por el canal oficial en vivo.
"Pero nuestra consideración con respecto a esto es la siguiente: vamos a suponer que eso fuera cierto, que fuera un criminal que no lo era, lo cierto es que la Guardia Nacional lo arrestó y luego lo entregó a un hospital con una fractura de cráneo. Ahí está clara la responsabilidad no solo de los funcionarios, sino del Gobierno en estas acciones", reflexionó el abogado del Foro Penal.
Denuncias
La ONG con sede en Caracas tiene su red de voluntarios en todo el país, y el asesoramiento jurídico que presta a los estudiantes detenidos y familiares de detenidos es gratuito. Al FPV llega la mayoría de las denuncias por detenciones en protestas, detenciones irregulares y torturas.
Según las estimaciones del FPV, desde el inicio de la represión de las protestas a principios de febrero se llevaron a cabo 817 detenciones. Pero de ellas hasta el momento hay 34 personas formalmente privadas de su libertad por decisión judicial.
"Hay otro grupo muy importante de personas, que es el más delicado, que es el de los que han sido ilegalmente retenidos. Son jóvenes que estando en las protestas, e incluso después de finalizadas las mismas y cuando ya están regresando a sus casas fueron arrestados por las autoridades policiales, se les mantiene privados de su libertad y son incomunicados tanto de sus abogados como de su familia", agregó Himiob.
Muchas de estas personas primero son reportadas como "desaparecidas", pero más tarde se logra establecer su situación. "Yo no tengo reportes confirmados de desapariciones, pero sí estamos teniendo estas retenciones ilegales", precisó el representante jurídico.
Aemás, el Foro trabaja con el que considera uno de los temas más delicados: las denuncias por apremios físicos y psicológicos, y torturas.
"Tenemos corroborados y confirmado por médicos 33 casos de torturas", señaló Himiob, quien añadió que conocieron estos casos "no sólo por lo que los muchachos han contado sino también por los exámenes médicos, ya que tenemos médicos voluntarios que han estado trabajando con estos jóvenes".
"Nosotros vemos muy claro que el Gobierno está tratando de
sobre lo que está pasando. Están tratando de construir una
que no es más que una
concluyó el abogado.
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