Un año está por cumplirse de aquel 27 de febrero de 2013 en el que la Cámara de Diputados aprobó el memorándum con Irán para la investigación del atentado a la AMIA. Desde aquel momento, la investigación del ataque que dejó 85 muertos el 18 de julio de 1994 no avanzó un centímetro: no se generó una sola prueba, no se consiguió una sola declaración nueva e incluso ninguno de los dos países logró elegir a sus representantes para constituir la llamada Comisión de la Verdad.
Cuando fue dado a conocer el proyecto, la presidente Cristina Kirchner aseguró a través de las redes sociales que "las autoridades judiciales argentinas podrán por primera vez interrogar a quienes Interpol ha emitido notificación roja". Sin embargo, nada de eso ocurrió ni parece que vaya a suceder: incluso antes de que el memorándum fuera aprobado, Irán advirtió que tanto su entonces ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, como el resto de los acusados podían negarse a ser indagados. "El tema de la indagatoria de un responsable iraní es totalmente falso, parece que los que se inquietan por este acuerdo difunden este tipo de informaciones", sostuvo en aquel momento Ramin Mehmanparast, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores del país islámico.
De todas formas, el gobierno argentino insistió en la importancia del acuerdo aún cuando los acusados se negaran a declarar. Según alegaron, representaría una prueba ante la comunidad internacional de la falta de colaboración iraní para avanzar en el esclarecimiento del atentado.
Primero, cuando el memorándum fue convertido en ley, el nulo progreso fue explicado por el tiempo que el Parlamento del país islámico se tomaba para ratificar el acuerdo. Luego, el por entonces presidente Mahmud Ahmadinejad utilizó una cuestionada interpretación del texto para aprobarlo con su sola firma. Nueve meses pasaron desde ese momento y nada cambió. "Irán no muestra la misma disposición a avanzar con el memorándum que nuestro país", debió reconocer días atrás el canciller Héctor Timerman.
Contra toda evidencia, el ministro de Relaciones Exteriores argentino – encargado de negociar y firmar el memorándum con su par iraní Ali Akbar Salehi – alegó que el nulo progreso en la investigación "es todo lo contrario de un fracaso". "Es un verdadero avance (...) Es la primera vez que Irán se compromete a que el juez de la causa AMIA indague a los sospechosos. Trabajamos para que esa indagatoria sea lo antes posible", insistió, aunque debió reconocer que esa convocatoria aún está lejos de tener fecha.
El acuerdo de nueve puntos firmado entre ambos gobiernos establece la creación de una Comisión de la Verdad "compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán". Cada nación debe elegir a dos miembros para que integren el grupo de trabajo junto a otros cinco comisionados. Pero, hasta ahora, nada de eso pasó.
En el año transcurrido, puede decirse que sólo un cambio se produjo en la investigación: en cuanto el acuerdo fue aprobado por el Parlamento argentino, Irán solicitó a Interpol que levantase las "alertas rojas" que regían sobre los ex funcionarios de su país. El pedido fue rechazado por la organización internacional.
La comunidad judía, con la AMIA y la DAIA a la cabeza, se mantiene firme en su rechazo al acuerdo. En los últimos meses, en colaboración con distintas fuerzas opositoras, las entidades impulsan un proyecto de ley para que el memorándum sea derogado por el Congreso.
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