En 2008, el depósito de la firma Iron Mountain debió ser clausurado por "falta de seguridad contra incendios". Así lo recuerda el ingeniero Edgardo Castro, quien trabaja en la Subsecretaría de Trabajo porteña desde 2005 y quien ordenó en aquel momento el cierre transitorio del edificio.
Castro es ingeniero en Seguridad Ambiental, licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo y auditor en sistemas de calidad y medioambiente. También se desempeñó como profesor de la materia de Seguridad contra Incendios; varios de los bomberos que fueron parte del operativo en Azara 1245 la semana pasada tomaron sus clases.
Según explicó, siguió durante "un tiempo" la trayectoria del expediente de Iron Mountain, cuyo depósito en Barracas dijo haber visitado "varias veces", aunque luego señaló que no recuerda "qué pasó después con él".
"En el depósito verifiqué que las mangueras contra incendio eran viejas, que no estaban los sprinklers o aspersores para enfriar con agua y les pedí que retiraran un porcentaje del material de riesgo, porque había demasiados papeles", repasó en diálogo con el diario Página/12 sobre su orden de clausurar la sede de Iron Mountain.
Castro explicó que la clausura se basó en el incumplimiento de las condiciones de extinción o prevención de incendios. Asimismo, destacó que el establecimiento violaba el artículo 160 del decreto 351/79 acerca de dificultar la iniciación de incendios, impedir la propagación de llamas y gases tóxicos, facilitar el acceso y las tareas de extinción de los bomberos y proveer instalaciones de detección y extinción.
Tras el incendio que se llevó la vida de siete bomberos y dos miembros de Defensa Civil, testigos declararon ante la Justicia que no funcionó el sistema de agua del edificio. Cinco personas que se encontraban trabajando allí en el momento en que se desataron las llamas afirmaron que los aspersores no se accionaron.
El ingeniero reflexionó sobre el desarrollo del incendio: "Es muy sencillo explicar por qué las paredes perimetrales se cayeron hacia afuera cuando debería haber sido al revés. Esa debilidad estructural es la causa fundamental del derrumbe, lo que implica que ese establecimiento nunca debió ser habilitado para almacenar esa masa de material".
Además, destacó que, en circunstancias normales, un incendio de esa naturaleza hubiera tomado horas en desarrollarse, al tiempo que subrayó que "debería haber sido contenido por su estructura perimetral, evitando semejante catástrofe".
Si bien Iron Mountain afirmó que el depósito contaba con total protección contra incendios, incluyendo aspersores, Castro señaló que, aunque la construcción debería haber soportado unos 180 minutos, los materiales del techo no soportaron la voracidad de las llamas: "De la simple observación y declaración de los bomberos se desprende que cayeron 1000 metros cuadrados de techo", señaló el especialista.
La empresa por el momento emitió un comunicado indicando que investigaría las causas del incendio y colaboraría con las autoridades en la investigación, al tiempo que lamentó las nueve muertes que dejó el incendio.
La Ciudad, a través de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Secretaría de Trabajo, es la encargada de realizar el control de las instalaciones antiincendios de los establecimientos y verificar, por ejemplo, el funcionamiento del sistema de aspersores, las vías de escape y el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para evitar un siniestro como el que ocurrió la semana pasada.
Castro se refirió a las responsabilidades penales del hecho y señaló en primer lugar a la empresa, que "no puede decir que su actividad es venderles a los clientes seguridad y después tener problemas de seguridad", en especial teniendo en cuenta los antecedentes similares en otros depósitos que tiene en distintas partes del mundo.
Luego apuntó al Estado "por la falta de planificación en el control de la seguridad" y sostuvo: "Estos episodios, así como están dadas las cosas, se van a repetir, lamentablemente".
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