Canal de Panamá: el consorcio constructor afirmó que el conflicto llegó a "un punto crítico"

El consorcio internacional encargado de la ampliación del Canal de Panamá aseguró este sábado en conferencia de prensa que el conflicto con el gobierno panameño por su reclamo de un pago multimillonario por sobrecostos llegó a "un punto crítico", pero que está "abierto al diálogo".

"La situación advertida ha llegado a un punto crítico, pero a pesar de eso seguimos abiertos al diálogo", afirmó el coordinador de la directiva del consorcio, el italiano Paolo Moder, en las oficinas de Grupo Unidos por el Canal (GUPC) en Ciudad de Panamá.

Además, se refirió a lo que considera el causal de la demanda, un erróneo estudio geológico que repercutió en los costos de la construcción.

Moder dijo que, si finalmente se rompe el contrato, "acudiremos a todas las instancias judiciales para hacer valer nuestros derechos, a todos los lugares y países que tengamos que ir".

GUPC, encabezado por la compañía española Sacyr Vallehermoso en asociación con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, exige a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que le reconozca unos u$s1.600 millones en sobrecostes para terminar la construcción del tercer juego de gigantescas esclusas de la ampliación del Canal de Panamá o de lo contrario procederá a la suspensión de las obras el próximo 20 de enero.

"Después de los 21 días, si no hay acuerdo, definitivamente se suspenden las obras, no es que se termina la obra", matizó.

No obstante, aseguró que GUPC quiere terminar la obra en el plazo anunciado de junio de 2015 y su reclamo lo hace con apego al contrato original suscrito en 2009 y a las leyes panameñas, por u$s3.118 millones.

Un vocero de la ACP confirmó a la agencia EFE que el grupo constructor ya ha recibido desembolsos por u$s2.831 millones, conforme a lo establecido en el contrato.

Pero el representante del GUPC, el italiano Paolo Moder, aseguró que "todo se ha invertido" en la obra y ninguna de las empresas del consorcio "ha retirado dinero" como ganancia.

Incluso detalló que, adicionalmente, los socios del GUPC, excepto Cusa, han invertido de sus fondos otros u$s280 millones, "y continúa absorbiendo hoy en día otros costos".

El gerente de la construcción de la esclusa del sector Atlántico, el español José Peláez, detalló que los u$s1.600 millones del reclamo se explican en que no se pudo usar el basalto que la ACP les dijo era el adecuado para hacer el concreto, que estaba en la misma área donde se excavaría para levantar la esclusa del Pacífico.

"Además, la ACP no previó, pese a sus estudios de más de 7 años y nosotros tampoco porque nos basamos en esa información que nos suministraron, que hay fallas geológicas a lo largo de 2,5 kilómetros de las esclusas del Pacífico", apuntó Peláez.

El ejecutivo enfatizó que ello explica "la mayor parte del reclamo", mientras Moder detalló que la consecuencia de esas dos circunstancias geológicas conlleva "llevar el material excavado a otro depósito (doce millones de toneladas métricas), comprar en otras canteras el basalto requerido y, además, rellenar con concreto las fallas geológicas descubiertas".

"Nos dimos cuenta cuando estábamos excavando", argumentó.

La ACP es responsable -por contrato- de las condiciones físicas no previsibles en dichas áreas y por la información geotécnica dada al contratista, sostuvo Peláez.

Especificó que otro factor de sobrecostes es el retraso en siete meses para la aprobación de la fórmula del concreto utilizado para edificar las esclusas.

"Elaboramos la fórmula que nos exigían, pero ahora estamos usando la que en principio nos rechazaron porque demostramos que era la adecuada", resaltó Peláez.

Por su parte, un vocero de la ACP dijo a la agencia EFE que la institución está "de acuerdo en revisar todos los reclamos, pero insiste en que se haga por los mecanismos establecidos en el contrato, no fuera de él".

"La ACP está dispuesta a pagar lo que esté justificado", reiteró.

El administrador del Canal, Jorge Quijano, anticipándose a una terminación abrupta del contrato con GUPC, anunció en días pasados que la ACP está lista para asumir la finalización de la obra, ya sea en conjunto con la aseguradora Zurich, garante del contrato, o subcontratando a otro constructor.

De acabarse el contrato anticipadamente, Moder anticipó que el coste de la obra se aumentaría en unos u$s2.000 millones, implicaría un retraso en la entrega "con todo lo que ello implica para Panamá y el comercio mundial" y "el nuevo contratista no daría las garantías técnicas de diseño y operación que GUPC hoy por hoy ofrece".

La ampliación del Canal de Panamá, con una inversión calculada en u$s5.250 millones (que incluye unos u$s1.000 millones en contingencias), aumentará la capacidad de transporte de carga de la vía de u$s300 a u$s600 millones de toneladas anuales.

Para el lunes próximo se espera una reunión entre la ACP, GUPC y la ministra española de Fomento, Ana Pastor, encargada de mediar en el contencioso contractual, anunció este viernes el presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien ha manifestado que los sobrecostos del consorcio son "un cuentito".