El Gobierno panameño avanzó este viernes en la búsqueda de una solución al conflicto que amenaza con paralizar la ampliación del Canal de Panamá y anunció que se reunirá la próxima semana con la ministra española de Fomento, Ana Pastor, y con el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, para tratar el asunto.
El propio presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció las reuniones, que tendrán lugar en el país centroamericano, y expresó su convicción de que a partir de ellas van a "seguir" las conversaciones, "porque es el mejor interés de todas las partes que esta obra continúe y se concluya".
"Yo voy a pelear por los intereses de Panamá, ya que esta obra se tiene que concluir porque es uno de los proyectos marítimos más importantes, y tanto los gobiernos de España e Italia están dispuestos a ayudar a que se resuelvan estas anomalías", dijo el mandatario.
Martinelli ha rechazado abiertamente la actitud del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de la ampliación y liderado por Sacyr, de anunciar la paralización de las obras a partir del próximo día 20 si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconoce "sobrecostos" por 1.625 millones de dólares.
El GUPC, que además integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, firmó un contrato por un precio y no puede "venir ahora con el cuentito" de que es otro, 50 % más abultado, ha argumentado el mandatario.
Martinelli ha dicho que los gobiernos de España e Italia, con los que Panamá tiene excelentes relaciones a todos los niveles según destacó este viernes tras reunirse con los representantes diplomáticos de ambos países, tienen una "responsabilidad moral" en el asunto porque dos empresas del consorcio son de esos países.
El Gobierno panameño espera además la llegada en los próximos días de Manuel Manrique, el presidente de la española Sacyr, para que participe "de una forma u otra de las conversaciones junto con las autoridades del Canal", dijo el jefe del Estado panameño.
El embajador español en Panamá, Jesús Silva, precisó este viernes a la agencia EFE que junto a Pastor estará en Panamá el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, en representación del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y que la reunión con Martinelli será este lunes.
Ambos ministros también sostendrán un encuentro con el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y con su administrador, Roberto Roy y Jorge Quijano, respectivamente.
El diplomático valoró que esas citas dará un "primer empuje" al necesario diálogo entre el Gobierno panameño y el consorcio liderado por Sacyr, porque las empresas han dicho que "pueden y quieren terminar" la obra, aunque "no pueden en estos momentos asumir un quebranto económico".
El encargado de negocios de la embajada de Italia, Massimo Tudini, dijo por su parte a los periodistas que existe voluntad de encontrar una "solución aceptable" por todas las partes involucradas a través del diálogo, el cual empezará el próximo lunes con la anunciada reunión.
El administrador del Canal ha dicho que espera que el consorcio "recapacite en su propuesta de suspender la obra" y la termine de acuerdo "a lo pactado" en el contrato.
Sostuvo que el consorcio debe apelar a los canales establecido en el contrato para procesar los reclamos, cuyos montos de momento "no tienen justificación" suficiente, y no intentar negociarlos por fuera, como supuestamente ha hecho el GUPC.
El contrato prevé tres instancias para tramitar reclamos, la primera la ACP, en segunda la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y en tercera un arbitraje internacional.
En una entrevista con la televisión española, ampliamente difundida en Panamá, el responsable de comunicaciones de Sacyr, Pedro Alonso, dijo que los sobrecostos son producto de "imprevistos" surgidos en el proyecto de las nuevas esclusas.
Cualquier otra empresa que hubiera asumido el proyecto de ampliación estaría ahora en las mismas dificultades, aseveró Alonso, que rechazó la posibilidad de que Sacyr asuma los sobrecostos y señaló que espera que la ACP cambie su actitud y reconozca los reclamos económicos.
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