En una resolución firmada ayer, la procuradora general Alejandra Gils Carbó consideró "altamente probable" que el fiscal José María Campagnoli haya incurrido en mal desempeño de sus funciones en un caso de administración fraudulenta contra Federico Elaskar. Y pidió que sea suspendido hasta que un Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público decida si lo remueve del cargo.
Según Gils Carbó, Campagnoli adoptó una conducta "carente de mesura, prudencia y circunspección, así como una actitud desafiante frente a las instituciones, que resultó además incompatible con la investigación seria de los delitos que supuestamente buscaba perseguir".
"Este caso nos enfrenta a una hipótesis de un magistrado que avasalla reglas básicas de competencia y que, actuando de un modo descoordinado y sin respetar normas de confidencialidad y prudencia, invade ilegítimamente el ámbito de actuación de otro colega", añadió la funcionaria en su resolución.
Los abogados de Lázaro Báez habían denunciado que Campagnoli llevaba una investigación paralela sobre el hecho. Entre los datos que encontró el fiscal figura el ingreso de 65 millones de dólares del exterior que fueron a parar a cuentas del empresario santacruceño.
Sobre Campagnoli pesan varias imputaciones. La primera es modificar el objeto procesal para quedarse con la competencia y no investigar una causa que involucraba al financista Federico Elaskar. Sucede que el funcionario no dejó de intervenir en el expediente como fiscal subrogante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10 pese a que la Justicia federal se había declarado incompetente.
"En otras palabras, para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación en una por extorsión y convirtió, del día a la noche, a un imputado en víctima", opinó Gils Carbó.
A su vez, el fiscal tomó como válida la declaración de Elaskar en el programa Periodismo para Todos y no lo citó a testimoniar ante la Justicia. "Resulta llamativo que una medida tan esencial no haya sido practicada para procurar otorgarle verosimilitud a la hipótesis delictiva que el fiscal decía pretender corroborar", comentó la procuradora.
También se le reprocha "invadir" la competencia del titular de la Fiscalía Federal N° 9, Guillermo Marijuán, que investiga el lavado de dinero imputado a Lázaro Báez, así como el uso arbitrario de recursos. Y se lo acusa de violación de secretos, por facilitar información de sus dictámenes a los medios, con el riesgo de frustrar las medidas de prueba por él solicitadas.
"Resulta altamente probable que el fiscal José María Campagnoli haya incurrido en mal desempeño al haber omitido investigar seriamente el delito de defraudación cuya denuncia tenía a cargo desde septiembre de 2012", concluyó la procuradora.
En los últimos días se sumó una nueva acusación presentada por el diputado Leonardo Grosso, quien en un escrito sostuvo: "Luego de varios años en los que los vecinos del Barrio Mitre (de la CIudad de Buenos Aires) sufrieron abusos, atropellos, arbitrariedades, malos tratos, violencia física y moral por parte del fiscal Campagnoli, que fueron testigos de los asesinatos de jóvenes cometidos por la propia policía, actuando bajo las órdenes del fiscal, que muchas de sus casas fueron allanadas reiteradamente buscando culpables de delitos cometidos por otras personas, que fueron denigrados y colocados en una categoría de ciudadanos de segunda, sin derechos ni protección contra el accionar de un funcionario del propio Estado, es que decidimos presentarnos ante usted y solicitarle formalmente que se inicie una investigación en la que pueda demostrarse la gravedad de la situación en la que viven los vecinos cotidianamente".
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