Néstor Kirchner y José Luis Rodríguez Zapatero firmaron un acuerdo en 2005. España vendía material ferroviario en desuso y Argentina lo compraba, lo reparaba y con eso modernizaba la vetusta red ferroviaria urbana. Era un acuerdo de Estado a Estado. Pero aparecieron los intermediarios que se quedaron con comisiones, coimas, o como ellos mismos lo llamaban, "costes políticos".
Manuel Vázquez es el testaferro de Ricardo Jaime. Cuando el ex secretario de Transporte del kirchnerismo manejaba todos los negocios de ese sector Vázquez era quien colectaba "el diezmo". Vázquez -condenado por estafas y cheques sin fondo- tenía una consultora que actuaba como intermediaria en los negocios que hacía Jaime. La empresa se llama Controles y Auditorías Especiales S.A (CAESA) y funciona en una oficina con escaso personal que se dedicaba a administrar los negocios que Jaime hacía al margen de la Ley en la Secretaría de Transporte. Vázquez se presentaba como asesor "ad honorem" de la repartición y al mismo tiempo su empresa cobraba por intermediar en operaciones que Jaime decidía. Corrupción pura y dura.
Esa corrupción ha quedado registrada en contratos firmados con la empresa española Expansión Exterior que se dedica a vender productos españoles en el mundo. Ellos firmaron contratos con CAESA y su filial española CYAES para que intermediaran en la compra de los trenes. El juez español Ismael Moreno envió a su par argentino Norberto Oyarbide, dos carpetas con información sobre la millonaria compra de trenes españoles por parte de la Argentina. Esos datos tenían como destino la causa judicial que se había abierto por los delitos descubiertos en los miles de mails de las computadoras de Vázquez. Esa causa quedó cerrada gracias a la maquinaria judicial del kirchnerismo y la inacción del fiscal de Investigaciones Administrativas Guillermo Noailles, quien permitió que se anularan como pruebas. En aquellos mails Vázquez hablaba con su socio español a cargo de CYAES Miguel Ángel Lorente Celaya, de la necesidad de incluir en los precios de las compras los "costes políticos". Las coimas. Así de simple.
La compra de trenes a España fue realizada por unos 200 millones de euros y fue analizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) que realizó en 2012 un lapidario informe sobre la operación. Allí se determinó que se pagaron sobreprecios millonarios y que el 44 por ciento del material comprado no sirve. A partir de ese informe de la AGN legisladores radicales hicieron una denuncia que tienen a su cargo el juez Julián Ercolini junto al fiscal Federico Delgado.
En la información llegada desde España a la que accedió Infobae, figuran los contratos firmados por CAESA y CYAES con la empresa Expansión Exterior. La Consultora de Jaime/Vázquez cobraría 2.282.965 euros. Una cifra millonaria que, por supuesto, se cargó a las cuentas del Estado argentino. En el expediente judicial hay tres contratos. Uno del 29 de marzo de 2006 firmado entre Expansión Exterior y CYAES. Allí se estipula que el trabajo será pagado con 2.282.965 euros. Pero luego se introduce una modificación. El 16 de abril de 2007 el contrato entre CYAES y Expansión Exterior se reduce a 1.369.779 euros. Y ese mismo día se firma otro contrato entre Expansión Exterior y CAESA (representada por otro testaferro de Jaime Julián Soba Rojo) por la suma de 913.186. La suma de los dos contratos es la misma cifra del contrato original.
En ambos contratos se ratifica que fue Jaime quien autorizó a las consultoras a cobrar comisiones. En uno de los tres contratos a los que accedió Infobae se explica que "Con fecha 8 de abril de 2007 la Secretaría de Transportes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública, y Servicios del Gobierno de la República Argentina a petición del CLIENTE (Expansión Exterior) confirmó que CAESA, filial de CYAES, puede prestar los servicios que sean necesarios pues no cuenta con incompatibilidad alguna". Para Jaime no era incompatible que Vázquez fuera su asesor y que cobrara comisiones (coimas) por una operación entre estados.
En otro de los contratos se lee "Que con fecha 13 de marzo de 2006, Expansión Exterior recibió un escrito de la Secretaría de Transportes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del gobierno de la República Argentina en virtud del cual se comunicaba la designación de CYAES como representante del CLIENTE para colaborar con EXPANSION EXTERIOR en todo lo necesario para el desarrollo instrumentación e implementación del Proyecto".
En esa carta firmada por Jaime, se explicaba que todos los costos de la intermediación iban a ser abonados por el Estado. Es decir, la coima la pagamos todos. Y se la quedaron solo algunos. Funcionarios argentinos y españoles participaron en el enjuague millonario. La Justicia los investiga.
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