Un juez español ofrece asistencia a Oyarbide en un caso de corrupción

Ana, la secretaria privada del juez Norberto Oyarbide atendió el teléfono. La llamada provenía desde España. Del otro lado de la línea estaba el juez Ismael Moreno que pedía hablar con el juez federal más conocido. Los dos jueces conversaron por unos minutos. Y se comprometieron a colaborar el uno con el otro.

Moreno está a cargo del juzgado Central de la Instancia Segunda de la Audiencia Nacional de Madrid y recibió, a principios de abril, un pedido de ayuda enviado por Oyarbide en 2011. El juez argentino tiene a su cargo una causa que se abrió a partir de los mails hallados en las computadoras  Manuel Vázquez, testaferro de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo.

En esos mails, revelados en 2010, se describía la estructura de corrupción montada alrededor de la secretaría de Transporte. Quedaron al descubierto entre otros delitos, el del pago de "comisiones" millonarias a favor de la consultora de Vázquez por la compra de trenes españoles. Es decir que el Estado argentino-donde Vázquez revista como asesor de Jaime- le pagó comisiones al testaferro con autorización de Jaime. Corrupción pura y dura. Es decir, Jaime puso en medio de una compra de Estado a Estado a una consultora de su asesor. O sea, se puso a sí mismo como intermediario. En los mails que intercambiaban Miguel Ángel Lorente-socio español del testaferro- y Vázquez se hacía referencia a los "costes políticos", una manera de nombrar a las coimas que se pagaron en la millonaria operación.

Lorente se alarmó porque la cifra había subido ­la de las coimas, claro­ de uno a tres millones de euros. En uno de los correos, Vázquez y Lorente, las caras de las comisiones de los dos lados del Atlántico, se llegaron a repartir 2.300.000 euros. 

Todo el entramado de pagos quedó plasmado en los correos electrónicos. De la operación sospechosa participaron también funcionarios españoles porque la venta la hicieron entes estatales de España. Y, por supuesto, también recibieron su tajada de dinero. Por eso Oyarbide pidió ayuda a la justicia española.

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó en 2012 un informe lapidario por la compra de trenes realizada por el kirchnerismo en España y Portugal. Se determinó que, por ejemplo, el 44% del material comprado en Europa y que fue presentado por el Gobierno como la modernización del sistema ferroviario argentino, está "fuera de servicio".

Según la AGN se compró material de rezago, en algunos casos que ni siquiera servía para ser desguazado, se pagaron sobreprecios que superan el 150 % en algunos materiales; se abonaron reparaciones de los trenes que no se realizaron; y además los coches adquiridos están sin resguardo, lo que genera otro perjuicio más­ al Estado.

El juez Moreno, según fuentes judiciales, se sorprendió por lo mucho que tardó el oficio de Oyarbide en llegar a su juzgado de Madrid. Es que el juez argentino pidió por exhorto colaboración a España el 13 de mayo de 2011. Dos años más tarde tal vez comience a llegar información desde España que ayude a confirmar lo que se sabe: que en la secretaría de Transporte había negocios sucios.