Un cargo de servicio de 26,20 euros en la cuenta de un restaurante de Ibiza ha generado una polémica que va más allá de la anécdota y cuestiona las prácticas habituales en la hostelería española durante la temporada alta.
Dos mujeres, que acudieron a cenar a un establecimiento de la isla balear, se encontraron con una factura final de 288,20 euros, una cantidad que superó sus expectativas pese a que ya anticipaban precios elevados por tratarse de un destino turístico en temporada alta, según informó el Diario de Ibiza.
El desglose de la cuenta incluía precios elevados en todos los conceptos: una botella de agua por cinco euros, un solomillo a 48 euros, una ensalada con anchoas por 25 euros y unas croquetas de espinacas a ocho euros. Sin embargo, el elemento que más indignación generó entre los usuarios fue el cargo de servicio, que, de acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la legislación vigente en España, resulta ilegal salvo que corresponda a un servicio extra real y esté claramente especificado en la carta.
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En este caso, ni se trataba de un servicio adicional ni figuraba en el menú, por lo que el recargo no se ajustaba a la normativa, ya que el servicio básico de un restaurante debe estar incluido en el precio de los platos, detalló el Diario de Ibiza.
La experiencia dejó a las comensales con una sensación de engaño, aunque eran conscientes de que la cena no sería económica. En ese sentido, optaron por no dejar propina y están considerando presentar una reclamación ante las autoridades de consumo.
La cuenta fue difundida en la red social @soycamareroo, un perfil dedicado a visibilizar situaciones similares y a denunciar prácticas abusivas en el sector de la hostelería, así como a defender los derechos de los trabajadores.
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La publicación generó un intenso debate, con opiniones divididas: mientras la mayoría de los usuarios respaldó a las dos mujeres y criticó el recargo, otros restaron importancia al asunto, argumentando que “si tienes 300 euros para gastar en comida para dos, no llores por 26,20”.
La repercusión de este incidente ha reavivado el debate sobre la necesidad de garantizar prácticas claras y justas en los restaurantes, especialmente en destinos turísticos donde la presión sobre los precios es mayor.