El gobierno interino de Delcy Rodríguez presenta la reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional -aprobada este martes por la Asamblea Nacional- como la luz que permitirá superar la crisis del sector.
Sin embargo, un análisis señala que en el texto persisten sombras que atentan contra el objetivo de dejar atrás los apagones que sufren los venezolanos desde hace más de una década.
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En la asamblea anual de la patronal Fedecámaras, la mandataria interina Rodríguez destacó que el instrumento “permitirá la participación privada en los procesos de generación, transmisión y distribución”, al tiempo que el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, apuntó que de esta manera buscan “fomentar la competitividad, mejorar la eficiencia y atraer inversiones que fortalezcan la infraestructura eléctrica”.
No obstante, al pasar la norma por el tamiz de la aplicación Liberalmente, del think tank Cedice-Libertad, se enciende una primera alarma: “La reserva exclusiva al Estado de la generación hidroeléctrica en cuencas específicas, la transmisión troncal y la distribución en áreas estratégicas bloquea estructuralmente la competencia y perpetúa un monopolio estatal (que) se refuerza con privilegios explícitos hacia empresas y cooperativas del poder popular”.
El análisis resalta como positivo que la ley “establece un procedimiento judicial detallado para expropiaciones y servidumbres”, mas en su artículo 31 “exige que, al término de cualquier habilitación, la empresa operadora transfiera ‘libres de gravámenes’ todos los bienes incorporados a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), sin especificar un mecanismo claro de compensación por el valor no amortizado, lo que introduce incertidumbre sobre la plena protección patrimonial”.
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Aunque el oficialismo recalca que la herramienta legal transformará el sector tras década de intervencionismo, “la reserva estatal de actividades completas, la necesidad de concesión ministerial discrecional para generación superior a 50 megavatios y la prioridad otorgada a la empresa operadora del Estado en sistemas independientes sustituyen ampliamente la iniciativa privada por la decisión estatal en los segmentos más relevantes del sistema”, concluye la evaluación de Cedice-Libertad.
Atados
El texto estipula que los responsables de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional son de libre nombramiento y remoción de la Presidencia de la República, “eliminando cualquier independencia del ente regulador frente al Poder Ejecutivo”. Adicionalmente, el Ministerio de Energía Eléctrica concentra “funciones normativas, ejecutivas y cuasi-judiciales”, sin controles parlamentarios ni de los tribunales.
La norma impulsada por el chavismo “crea una arquitectura regulatoria extensa con múltiples órganos superpuestos, cada uno con facultades normativas propias, además de un régimen de títulos habilitantes de tres categorías, normas técnicas, contables, tarifarias y de información que las empresas deben cumplir simultáneamente ante distintas autoridades”.
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“Esta multiplicación de instancias y requisitos constituye un ejemplo claro de inflación legislativa y regulatoria antes que una poda institucional, incrementando los costos de cumplimiento para los operadores”, alerta Cedice-Libertad.
Cuestionan la “acumulación de regímenes paralelos y facultades discrecionales de excepción”, dando paso a una “amplísima discrecionalidad concedida al Ejecutivo en materias clave como nombramiento y remoción libre de reguladores, declaración de estados de excepción y fijación unilateral de subsidios”.
Factura
El texto “no establece límites cuantitativos al gasto público, al endeudamiento del sector, ni topes al monto de los subsidios que el Ejecutivo puede comprometer”. A su vez, “el fondo de financiamiento de subsidios se constituye sin límites cuantitativos claros de gasto o endeudamiento, dejando su diseño a la discrecionalidad” del gobierno.
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Cedice-Libertad observa que “la falta de reglas fiscales vinculantes genera riesgo de insostenibilidad financiera del sistema a mediano plazo”, mientras critica que la norma otorga al Ejecutivo la potestad de “favorecer áreas prioritarias e incentivar sectores productivos específicos mediante subsidios”, introduciendo “un criterio político discrecional que puede generar nuevas formas de privilegio sectorial no vinculadas a mérito o eficiencia”.
El oficialismo refuerza el centralismo, concentrando las decisiones en el Ministerio de Energía Eléctrica y reduciendo a las alcaldías a funciones de apoyo, y concede al Estado “el rol empresarial central y predominante del sector eléctrico”.
Aunque sus promotores aseveran que buscan abrir el sector eléctrico a las principales corporaciones del mundo, Cedice-Libertad sostiene que “la reserva estructural de los segmentos más estratégicos al Estado y el enfoque en ‘soberanía tecnológica’ mediante empresas nacionales y del poder popular, limitan la apertura a la innovación externa y a la competencia como motores genuinos de diversificación productiva”.
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