El Colegio Nacional de Periodistas de Caracas (CNP) contabiliza 155 agresiones contra periodistas entre enero y octubre de este año. De acuerdo con el organismo gremial, en este periodo se han registrado 26 impedimentos de coberturas, 37 actos de intimidación y 16 de hostigamiento, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 borrados de material, cuatro cierres de emisoras y 13 ataques directos, entre otros.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el advenimiento de un “nuevo momento político”, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero. Esta etapa ha estado marcada por una apertura con respecto al trabajo de los medios de comunicación, lo que ha incluido la liberación de una veintena de periodistas que formaban parte de los más de 2 mil presos políticos que había en el país hasta la caída de Maduro.
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La mandataria interina también ha avanzado en el levantamiento de los bloqueos que afectan a las páginas web. Sin embargo, las restricciones se mantienen. Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.
Derogar
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el 28 de octubre que un reportero fue amenazado en el estado Yaracuy, en la región centro-occidental del país, mientras tomaba declaraciones sobre la falta de ambulancias en un pueblo de la entidad.
“Un hombre que se identificó como comunero interrumpió las entrevistas e impidió que continuara la cobertura, alegando que se trataba de una actividad política. El individuo estaba acompañado por otras personas que, según el testimonio del periodista, portaban armas”, describió el SNTP.
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La Asamblea Nacional tiene previsto desarrollar hoy la primera discusión de la reforma de la Ley contra el Odio, después de que la misma Delcy Rodríguez reconoció que la norma “fue mal aplicada”. “Se hizo un uso abusivo de esa ley”, admitió la presidenta encargada, dando la razón a quienes desde la sociedad civil y los partidos de oposición señalaron que el instrumento se utilizó para perseguir a la disidencia.
Al igual que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales y los partidos opositores, el CNP exige la derogación de la Ley contra el Odio. “No hay término medio para la libertad de expresión en Venezuela: no a la modificación, se requiere su derogación total. Reformarla mantendría el mecanismo de censura”, advirtió la institución.
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