La organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón (JEP) denuncia que los familiares de los presos políticos son víctimas de la práctica del “castigo extendido”, como parte de una “asfixia sistemática” que lleva adelante el régimen chavista contra los seres queridos de los detenidos.
La ONG advierte que “no se trata únicamente del acoso institucional activo, sino de la amenaza latente de persecución, represalias y hostigamiento que pende sobre los familiares si hablan, denuncian o manifiestan algún tipo de queja”.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez dice haber beneficiado a más de 8 mil personas en el marco de la Ley de Amnistía promulgada por el Ejecutivo, JEP afirma que más de 500 personas siguen en prisión por razones políticas.
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Como aún la mandataria encargada y su hermano Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, no han cumplido su promesa de liberar a todos los presos políticos, familiares desarrollan vigilias frente a distintos centros de reclusión e incluso en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Caracas, exigiendo su inmediata excarcelación.
JEP destaca “el desgaste diario y la zozobra de quienes se ven obligados a mantener vigilias prolongadas bajo condiciones de extrema precariedad a las afueras de los centros penitenciarios”, subrayando el sacrificio que representa para los manifestantes que “pertenecen en su gran mayoría a los sectores socioeconómicos más vulnerables”.
Quiebre
Llaman la atención sobre los casos de las familias “en situación de migración forzada, quienes debieron huir del país para resguardar su propia integridad y ahora, sumidos en la incertidumbre tras el reciente terremoto, carecen de los medios económicos o legales para acercarse al sitio y constatar el estado real de sus allegados”.
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“Al forzar el desarraigo, la asfixia económica y el quiebre psicosocial del núcleo familiar, el aparato estatal ejecuta una transgresión directa de este mandato convencional, convirtiendo a la familia en un sujeto co-penado de facto”, sostiene JEP, tras recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”.
La organización defensora de Derechos Humanos afirma que esta situación ha empeorado tras el doblete sísmico del 24 de junio, que también afectó las cárceles donde están internados los presos políticos.
“La vigencia de este entramado de terror psicológico, silencio y exclusión económica se confirmó este último fin de semana. Las graves denuncias de torturas que se dieron en la cárcel Rodeo I a partir del 5 de julio, han sido recibidas con una opacidad absoluta por parte del aparato estatal, el cual, al omitir cualquier tipo de explicación o pronunciamiento oficial, prolonga deliberadamente la desesperación y la tortura psicológica sobre las familias”, indican en el informe.
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El análisis de JEP concluye que “mantener a las familias en un estado de incertidumbre legal prolongada y bajo la amenaza latente de recapturas opera como un suplicio psicológico continuo que destruye la salud mental del entorno, lo que encuadra perfectamente en los estándares internacionales sobre tortura psicológica por extensión”.