Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores de Venezuela, presentó este lunes un plan para la reconstrucción del estado costero de La Guaira basado en la experiencia japonesa en gestión de desastres sísmicos. La propuesta, firmada por María Gabriela Hernández, secretaria nacional de Ambiente y Sostenibilidad del partido, llega cuando el doble terremoto del 24 de junio acumula 5.208 muertos y 16.740 heridos según el balance oficial difundido el domingo por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y cuando la zona costera más afectada acumula, según estimaciones conjuntas del Gobierno venezolano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 2,1 millones de toneladas de escombros.
El plan parte de una premisa política explícita: que el Estado venezolano “carece de capacidad técnica y voluntad política requeridas para atender de manera integral a las comunidades afectadas”, según declaró Hernández en un comunicado. El documento opone a esa supuesta incapacidad un conjunto de medidas concretas inspiradas en Japón, uno de los países con mayor experiencia acumulada en respuesta a catástrofes sísmicas. La primera apunta a la gestión de escombros mediante parcelamiento, clasificación, trituración e incineración móvil para reabrir vías bloqueadas, junto a la prohibición de arrojar basura y materiales tóxicos al mar.
La segunda medida consiste en retomar el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) tras la Tragedia de Vargas de diciembre de 1999. Aquel desastre devastó el entonces estado Vargas —rebautizado La Guaira en 2019— mediante deslaves e inundaciones de magnitud excepcional. La cifra de víctimas nunca pudo establecerse con precisión: las estimaciones oscilaron entre cientos y hasta 30.000 muertos según distintas fuentes. El estudio de la cooperación japonesa quedó sin implementar en sus aspectos centrales.
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La tercera línea del plan propone ejecutar las recomendaciones de la Universidad Central de Venezuela para modernizar las canalizaciones de los cauces de concreto armado, e incorpora la exigencia de estudios de microzonificación sísmica antes de autorizar cualquier construcción o reconstrucción en el área costera.
Según datos oficiales, el doble sismo dejó al menos 190 edificios colapsados, otros 856 con daños estructurales y 17.907 personas sin vivienda. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con segundos de diferencia el 24 de junio y superaron en intensidad cualquier evento sísmico registrado en el país en más de un siglo, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). La catástrofe encontró a Venezuela con una infraestructura debilitada por más de una década de contracción económica: hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua arrastraban déficits de mantenimiento que los sismos pusieron en evidencia.
“La reconstrucción no es viable bajo los mismos esquemas de quienes fallaron en el pasado”, sostuvo Hernández. La frase sintetiza la lógica de la propuesta: trasladar al terreno técnico una crítica con una dimensión institucional clara. El partido no especificó de qué manera pretende impulsar el plan en un contexto en el que la dictadura de Nicolás Maduro —desplazado del poder ejecutivo tras las elecciones de 2024 y reemplazado por una presidencia interina encabezada por Delcy Rodríguez— controla los mecanismos de aprobación y ejecución de cualquier proyecto de reconstrucción a escala nacional.
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La referencia japonesa tiene respaldo técnico independiente. El ingeniero estructural Hideki Kit Miyamoto, fundador de Miyamoto International, se encuentra en La Guaira desde mediados de julio evaluando daños junto a equipos venezolanos, mexicanos y estadounidenses. Miyamoto calificó el escenario como uno de los más devastadores de su carrera y exploró con autoridades venezolanas estrategias inspiradas en el modelo aplicado tras el terremoto de Kobe de 1995. La propuesta de Primero Justicia se inscribe en ese marco, aunque su viabilidad dependerá de la disposición del aparato gubernamental para incorporar criterios técnicos externos en la reconstrucción más compleja que enfrenta Venezuela en décadas.