Un grupo de familiares protestó este miércoles frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para solicitar la intervención del fiscal general, Larry Davoe, con el objetivo de lograr la liberación de 78 personas detenidas y vinculadas a un supuesto caso de contrabando en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Estas detenciones ocurrieron entre 2024 y 2025.
El proceso, denominado "Pdvsa-Obrero“, involucra tanto a personas ajenas a la petrolera estatal como a obreros de bajo rango dentro de ella. Los familiares denunciaron ante la prensa en febrero que se había reportado la detención de 170 empleados por acusaciones que rechazan.
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“En primera instancia nos liberaron, a través de medidas especiales (...) a 51, y posteriormente nos liberaron a 19 compañeros”, declaró a la prensa Lustay Franco, colaboradora del grupo de familiares. Franco precisó que el número real de detenidos era de unos 150 y no 170 como se difundió inicialmente.
Las autoridades no han emitido declaraciones sobre este caso. Las liberaciones se produjeron durante los anuncios de amnistía y excarcelaciones realizados por el Gobierno. Franco no especificó si los liberados gozan de libertad plena o si están sujetos a medidas cautelares.
Durante la protesta, los familiares reclamaban "juicio y libertad“, portando grandes flores blancas de cartulina con los nombres de los detenidos, en su mayoría obreros, según los manifestantes.
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“Pareciera (que las liberaciones son) más bien algo aleatorio, que nosotros no objetamos, lo único que sostenemos es que se extienda a todos los detenidos por la misma causa y hasta el momento tenemos 78 presos”, expresó Franco.
La activista agregó que entre los detenidos hay personas con hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, cáncer y afecciones renales. “Todavía tenemos a las mujeres detenidas, que son alrededor de seis detenidas”, indicó Franco.
El 18 de febrero, la abogada venezolana y familiar de uno de los detenidos, Zimaru Fuentes, relató que las detenciones comenzaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz (estado Anzoátegui), tras una investigación iniciada en junio de ese año.
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Según Fuentes, las detenciones también incluyeron otras refinerías en los estados Carabobo, Falcón y Zulia, además de instalaciones petroleras en Caracas y La Guaira.
Fuentes explicó a la agencia de noticias EFE que los detenidos están relacionados con “procesos de contrabando de combustible que era llevado a otros países”, en el contexto del “bloqueo internacional” que afrontaba Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos.
“Se presume que pusieron a pagar a la plana obrera las acciones de personas de cuello blanco”, aclaró la abogada, al detallar que los delitos imputados son: asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de materiales estratégicos, contrabando agravado y otros.
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