Después de matenerlo dos años en la cárcel, al preso político José Breijo, de 73 años, le dieron el beneficio de casa por cárcel. Pero ya en la calle, se enteró de otra noticia: un efectivo de la policía le había invadido su apartamento. Así, este ciudadano uruguayo-venezolano no tenía ni libertad ni hogar.
El drama de Breijo, expuesto en redes por otro antiguo preso político, el periodista Carlos Julio Rojas, generó tanta indignación que funcionarios de la Presidencia de la República actuaron en la madrugada de este miércoles 27 de mayo para devolverle el inmueble a su propietario, que en ese momento dormía sobre un colchón en la áreas comunes del edificio.
“Ahora exigimos la devolución de todas las pertenencias de este preso político, las cuales fueron sustraídas de la vivienda y una investigación por parte del Ministerio Público contra este policía corrupto”, declaró Rojas.
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El caso de Breijo confirma una práctica que ha sido denunciada y documentada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos, donde una persona no solo es privada de libertad por razones políticas sino que también es víctima del despojo de sus bienes sin que medie ninguna orden judicial.
Abusos
“Cuando a mí me capturaron en agosto de 2024, este vehículo estaba en plenas condiciones. Hoy me lo entregan en una grúa, totalmente desvalijado”, señaló el 19 de mayo a través de sus redes el exdiputado opositor Williams Dávila, quien pasó alrededor de año y medio privado de libertad.
Dávila indicó que este tipo de acciones “están dentro del contexto de las violaciones a los Derechos Humanos”, y acudió al Palacio de Justicia para exigir una indemnización, recordando que otros presos políticos también han sufrido el robo de sus pertenencias “y la destrucción de sus casas en medio de allanamientos”.
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En julio de 2023, el entonces jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala, celebró su boda en una casa de playa propiedad de la esposa del exministro Andrés Izarra, fiel colaborador de Hugo Chávez que cayó en desgracia y tuvo que marcharse al exilio con el ascenso de Nicolás Maduro.
“El madurismo arremetió contra nosotros. Nos quitaron todas las propiedades (...). Nos quitaron la casa en Caraballeda que heredó Isabel de su abuelo y la tiene una mujer vinculada a un comandante del DGCIM y desde allí publica fotos en sus redes sociales”, declaró Izarra en marzo de 2023 al portal Runrunes.
Hasta juguetes
Un reportaje del sitio de investigación ArmandoInfo publicado en 2024 exponía otros ejemplos de personas que terminaban sufriendo la agresión del Estado por partida doble: perdían el derecho a vivir en su país y sus bienes.
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“La manera de actuar ha sido similar en casi todos los casos. Una comitiva, bien sea de la DGCIM, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) o de la Policía Nacional Contra La Corrupción (PNCC), llega a la propiedad deshabitada de algún perseguido político que se encuentre en el exilio. Sin orden de allanamiento, ingresa, revisa y acarrea con todo lo que hay. Muchos vecinos de las víctimas han denunciado que los funcionarios se llevan otros bienes, como carros o computadoras, y hasta han visto transportar cajas y bolsas llenas de cosas como ropa y juguetes”, reseñaba la nota.
En noviembre de 2024, la diputada y miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Iris Varela, dijo en una entrevista: “No puedo aceptar que la señora María Corina Machado tenga aquí vivienda y bienes a su disposición o su titularidad, ni empresas”. En esas mismas fechas, la Asamblea Nacional de mayoría chavista sancionó la Ley Orgánica Simón Bolívar, que plantea castigar a los “traidores a la patria” con la extinción de dominio.