La extracción de Nicolás Maduro calentó la calle en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.926 protestas durante el primer trimestre de 2026, 144% más en comparación con el mismo período de 2025.
“El aumento de protestas ocurre tras los acontecimientos del 3 de enero, en un escenario de transición política bajo presión internacional, donde la ciudadanía percibe una reducción de la represión abierta, aunque el riesgo no ha desaparecido”, señala el informe del OVCS.
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El 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos atacaron Venezuela y capturaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Posteriormente asumió la presidencia encargada Delcy Rodríguez, quien ha planteado un “nuevo momento político” con la aprobación de una Ley de Amnistía y la liberación de centenares de presos políticos.
En paralelo, la Casa Blanca diseñó un plan de tres fases que culminaría con una etapa de transición democrática con elecciones libres. La oposición venezolana y sectores de la sociedad reclaman medidas concretas para convocar esos comicios, al tiempo que urgen el desmontaje del aparato represivo del régimen chavista.
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Más libertad
El balance del OVCS indica que 64% del total de manifestaciones guardan relación con la exigencia de derechos civiles y políticos. “Este predominio evidencia que, en el contexto político actual, la ciudadanía destaca la defensa de libertades fundamentales, el acceso a la justicia y el restablecimiento de garantías democráticas, en respuesta a un entorno caracterizado por la persistencia de restricciones al espacio cívico, prácticas de control social y tutelaje internacional”, explican.
El restante 36% se relaciona con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. “En este escenario, el sector laboral mantuvo una agenda permanente y sostenida de movilización nacional, impulsada por la ausencia de un ajuste salarial real durante casi cuatro años, lo que ha profundizado la precarización de los ingresos y el deterioro del poder adquisitivo. A estas demandas se sumaron las exigencias por la regularización de los servicios básicos”, destacan en el reporte.
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Por los presos
La demanda de liberación de presos políticos ha estado en el centro de las acciones de calle, con al menos 721 movilizaciones en distintas regiones del país. “Las vigilias permanentes frente a centros de reclusión, así como las huelgas de hambre impulsadas principalmente por mujeres familiares de personas detenidas, se consolidaron como formas sostenidas de presión pacífica”, detalla el OVCS.
Foro Penal, organización no gubernamental que se ha convertido en la principal referencia de este tema, expresó el 30 de abril que aún existen 454 presos políticos en Venezuela. La ONG Justicia Encuentro y Perdón, otra voz autorizada en la materia, eleva la cifra hasta 667. El OVCS subraya que “la Ley de Amnistía generó más protestas que soluciones concretas, ante sus exclusiones y aplicación limitada”.
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El chavismo también se mantiene activo. “Simpatizantes del gobierno realizaron al menos 359 acciones de calle, entre marchas y concentraciones, en respaldo a Nicolás Maduro y Cilia Flores”, documenta el Observatorio.
Menos persecución
En los primeros noventa días del año hubo una disminución de la represión de un 45% con respecto al mismo lapso de 2025, con solo 21 casos en nueve estados del país. “Esta reducción se valora positivamente y se asocia, en gran medida, al incremento del escrutinio y el tutelaje internacional sobre la situación venezolana, especialmente tras los acontecimientos del 3 de enero”, comenta el OVCS.
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Sin embargo, advierten que el hecho de que haya habido menos episodios de violencia “no implica una transformación estructural de la política represiva. Por el contrario, los hechos documentados evidencian la persistencia y consolidación de patrones de represión, tales como detenciones arbitrarias, uso selectivo del sistema penal y prácticas restrictivas contra quienes ejercen su derecho a la protesta o realizan denuncias públicas”.
Mejores sueldos
En el plano social, el motor de las protestas ha sido la exigencia de derechos laborales con al menos 482 movilizaciones por el deterioro del poder adquisitivo, la práctica extinción del salario mínimo y la destrucción de la seguridad social.
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Los reclamos por las fallas en los servicios de agua potable, electricidad, aguas servidas, recolección de desechos sólidos, vialidad y combustible también resaltaron en la agenda.
“La evolución de la conflictividad dependerá en gran medida de dos variables clave: por un lado, la capacidad de las autoridades para avanzar en medidas concretas que generen confianza institucional y garanticen derechos; y por otro, la continuidad del acompañamiento y la presión internacional, que hasta ahora han sido determinantes para contener la represión y abrir espacios, aunque limitados, para la expresión ciudadana”, concluye el Observatorio.
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