El fiscal de Venezuela, Larry Devoe, informó que desarrollará un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para reforzar la labor del organismo, especialmente en materia de derechos de personas encarceladas.
Esta decisión surge tras una reunión con Valérie Aubert, jefa de la delegación del CICR en el país.
“Construiremos conjuntamente un plan de trabajo orientado a reforzar las capacidades del Ministerio Público (Fiscalía) en diversas áreas de su mandato, incluyendo lo relacionado con los derechos de la población privada de libertad”, expresó Devoe a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.
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Además, invitó al CICR a participar y aportar en la Consulta nacional para la reforma de la justicia penal venezolana, una iniciativa anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Según Devoe, la reunión se realizó en la sede de la Fiscalía en Caracas y contó con la presencia de otros integrantes de la delegación del CICR.
El anuncio ocurre después de que cinco presos fallecieran en un motín en la cárcel de Yare, en el estado Miranda, según reportó el Ministerio de Servicio Penitenciario tras denuncias de familiares y ONG sobre una situación irregular en el penal.
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El Ministerio explicó que en el recinto, considerado de máxima seguridad y destinado, según el comunicado, al resguardo de “líderes negativos y miembros de bandas criminales”, se produjo una riña entre internos que culminó en un motín.
El organismo indicó que la Fiscalía abrió una investigación sobre el incidente, lo cual fue confirmado por la institución, aunque no se ofrecieron más detalles.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, aseguró el 16 de abril que organizará “visitas de inspección” a los centros penitenciarios para verificar las condiciones de reclusión, sin que hasta el momento haya anunciado la realización de estas inspecciones.
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En febrero, la Cruz Roja Venezolana comunicó que atendería y realizaría evaluaciones médicas a los beneficiados por el proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el 8 de enero.