Un grupo de familiares de detenidos y activistas de la organización venezolana de derechos humanos Surgentes se presentó este martes frente a la sede de la Asamblea Nacional en Caracas para exigir una respuesta a la petición formulada hace dos semanas: que el Parlamento incluya en la Ley de Amnistía a los presos acusados de pertenecer a grupos armados colombianos, una categoría que el propio régimen venezolano acuñó bajo el acrónimo “tancol”, esto es, terroristas armados narcotraficantes colombianos.
La movilización tuvo lugar dos meses después de la promulgación de la norma, aprobada el 19 de febrero por la Asamblea Nacional a instancias de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. La ley fue criticada desde el primer día por organizaciones de derechos humanos que señalaron que su alcance excluía a cientos de personas cuya privación de libertad responde a motivos políticos.
Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, explicó que el término “tancol” comenzó a utilizarse hacia mediados de 2021 y sirvió de base para detener, entre ese año y 2023, a numerosas personas en estados fronterizos con Colombia. Se trata, según el activista, de campesinos capturados cerca de sus hogares y acusados después de terrorismo, un delito que González Plessmann calificó como “eminentemente político”. Añadió que los detenidos habrían sido sometidos a torturas y que sus expedientes judiciales contienen pruebas fabricadas.
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Surgentes ha documentado 45 casos, la mayoría de personas con doble nacionalidad colombo-venezolana, pero el activista advirtió que la organización recibe nuevas denuncias con situaciones similares y estima que los afectados podrían superar los 200. Es la segunda vez que la ONG acude a la comisión parlamentaria de seguimiento de la ley: los familiares chocan con un vacío institucional en el que los tribunales remiten al Parlamento y el Parlamento remite a los tribunales. “En la Asamblea Nacional ha habido buena disposición, pero no tenemos respuesta y lo que estamos exigiendo es respuesta”, señaló González Plessmann.
Entre quienes se presentaron frente al Legislativo estaba Doris Pineda, abuela de Erwin Álvarez, detenido con 15 años mientras trabajaba en una finca ganadera del estado Barinas. Pineda relató que su nieto, hoy de 19 años, fue torturado para que se declarara culpable: le introdujeron la cabeza en una bolsa, lo asfixiaron, lo maniataron y lo arrojaron a un río. “Él no se quería declarar culpable”, dijo entre lágrimas.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática cubre 13 eventos de violencia política en un período que se extiende formalmente desde 1999 hasta 2025, pero excluye los delitos de narcotráfico, homicidio intencional, violaciones de derechos humanos y las acciones armadas con apoyo extranjero. Dado que los “tancol” fueron procesados bajo cargos de terrorismo con supuesta vinculación a grupos colombianos, sus casos quedan fuera del amparo legal. Foro Penal contabilizaba en marzo de 2026 más de 490 presos políticos en Venezuela y estimó que al menos 400 quedaron excluidos de la amnistía, al contemplar esta solo episodios puntuales de los 27 años que abarca formalmente. La demanda de Surgentes pone en evidencia que la reconciliación anunciada por el Gobierno de Rodríguez tiene límites concretos que afectan, sobre todo, a los sectores más invisibles de la población carcelaria política del país.
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