Un total de 185 personas salieron de prisión en Venezuela tras la aprobación de la Ley de Amnistía, cuyo proceso sigue en pleno desarrollo, informó este miércoles el presidente de la comisión parlamentaria que vela por la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.
“Hasta hace un par de horas, 185 libertades de personas privadas de libertad y estamos recibiendo muchas más solicitudes”, dijo Arreaza durante una intervención en el Parlamento.
El diputado detalló que la amnistía también ha permitido otorgar libertades plenas a 3.266 “personas que tenían medidas cautelares” como presentación ante tribunales, prohibición a declarar a medios o salida del país.
Según dijo, en las últimas 24 horas se duplicó el número de solicitudes pasando de más de 3.000 a 6.487.
Además, indicó que el Programa de Convivencia y Paz que impulsa un proceso de diálogo también está trabajando con la comisión para elevar recomendaciones a la Justicia.
“Podemos decir que el trabajo no terminó con la aprobación de la ley por unanimidad sino que, al contrario, fue un punto de partida y que esta Asamblea Nacional (AN, Parlamento) está activada para la convivencia democrática”, apuntó.
El pasado jueves, el Parlamento, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero la norma especifica 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
La ley establece que las solicitudes de amnistía deben ser resueltas en un plazo no mayor a 15 días por los tribunales competentes.
Ese mismo día, la presidenta encargada de Venezuela y promotora de esta ley, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento, al Programa de Convivencia y Paz y a la Comisión de Revolución Judicial, dar “máxima celeridad” a la aplicación de la amnistía.
La ley establece la creación de una comisión parlamentaria para evaluar casos que no están contemplados en la amnistía.
Arreaza reconoció el martes que es “imposible” que la ley “cubra” y resuelva todo.
Hasta el momento se desconoce el listado oficial de los beneficiados, y la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, registraba hasta el martes 109 liberaciones de detenidos en cárceles desde el pasado viernes.
De acuerdo con Alfredo Romero, director presidente de la organización Foro Penal, el número de presos políticos apenas ha disminuido y persisten criterios poco transparentes para decidir quién accede al beneficio de excarcelación.
El Foro Penal registró 548 personas liberadas hasta la entrada en vigor de la ley, además de otras 100 durante las primeras horas tras su implementación el último viernes. Sin embargo, Romero advirtió que “todavía existen un poco menos de 600 presos políticos en el país”. El activista insistió en que la cifra refleja un avance únicamente cuantitativo, sin que el Estado renuncie al control sobre la suerte de los opositores ni al modelo restrictivo de acceso a la defensa.
Romero explicó que la ley permite al gobierno decidir en forma discrecional. Según precisó, “La Ley de Amnistía y Convivencia Nacional es un avance, pero tiene un elemento discrecional muy amplio”. El abogado cuestionó la falta de transparencia sobre los criterios de elegibilidad y denunció que el Estado impone defensores públicos, restringiendo el derecho a una defensa privada e independiente.
EFE