El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, después de que las discrepancias entre el oficialismo y activistas y ONG por un texto que obliga a los presos beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido, hayan obligado a su aplazamiento.
La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez --hermano de la mandataria-- comenzará así a las 16.00 horas (hora local, 21.00 en la España peninsular y Baleares) el debate en segunda lectura del denominado “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, una iniciativa que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, de acuerdo a Caracas.
Mientras, familiares de presos políticos siguen concentrados a estas horas frente a centros de detención y otras instalaciones, incluida una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, donde un grupo de ellos lleva desde en huelga de hambre desde el pasado sábado.
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Marcos Velazco, dirigente del opositor Vente Venezuela, ha indicado este miércoles una de las personas congregadas “Mariana Escalona, esposa de mi padre Julio Velazco, ha sufrido una afectación de salud en medio de la huelga de hambre que ha sostenido, junto a otros familiares, por más de 100 horas” en este centro conocido como Zona 7, tras lo que ha sido atendida en un ambulatorio. “Esta pesadilla debe terminar. Y solo será posible cuando todos los presos políticos sean liberados”, ha agregado en un breve mensaje en redes sociales.
Por otra parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) ha pedido este miércoles a la Fiscalía la designación “inmediata” de un miembro del organismo especializado en Derechos Humanos para “escuchar directamente a las víctimas, constatar el deterioro físico y psicológico que enfrentan, y proceder a solicitar la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos en Boleíta, Zona 7”.
Así lo ha expresado en un comunicado difundido en X, donde ha denunciado que “un funcionario identificado como Fiscal 13 con competencia nacional (...) no ofreció respuestas” a los familiares sobre el estado de los detenidos que permanecen en este penal, pese a que “la Fiscalía General sí tiene la capacidad y la obligación constitucional de actuar para proteger la vida y la integridad de las familias y de las personas detenidas, cuyo estado de salud continúa deteriorándose mientras esperan respuestas sobre la libertad de sus seres queridos”.
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(Con información de Europa Press)