La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó en primera discusión una reforma de la Ley de Hidrocarburos que altera de forma sustancial el marco legal que rigió el sector durante más de dos décadas.
El proyecto habilita a empresas privadas, locales y extranjeras, a explorar, producir y comercializar petróleo con mayor independencia del Estado, flexibiliza el régimen fiscal y elimina obligaciones centrales del esquema chavista, como la participación mayoritaria de la estatal PDVSA en todos los proyectos.
El cambio se produce tras la captura del narco dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y en medio de un rápido acercamiento político y energético con Washington.
El texto impulsado por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, apunta a revertir los pilares de la legislación aprobada a mediados de los años 2000 bajo el gobierno de Hugo Chávez, cuando el Estado concentró el control de la industria y forzó a los privados a operar únicamente a través de empresas mixtas dominadas por PDVSA.
Con la nueva propuesta, las compañías podrán operar campos petroleros por cuenta propia mediante contratos con la estatal, incluso sin control accionario, y recibir directamente los ingresos por la venta del crudo.
Durante el debate parlamentario, el titular del Legislativo, Jorge Rodríguez, defendió la iniciativa con un mensaje dirigido a atraer capitales.
“El petróleo debajo de la tierra no sirve de nada”, afirmó al pedir respaldo para un marco que permita reactivar una industria golpeada por la falta de inversión y la caída de la producción. Ningún legislador intervino para oponerse al proyecto en esta primera votación, que aún requiere una segunda discusión para su aprobación definitiva.
La reforma introduce además un régimen de regalías más flexible. El Ejecutivo podrá reducirlas hasta 15% desde el 33% vigente para proyectos especiales o de alta complejidad técnica, una concesión clave para campos maduros o desarrollos que demanden grandes inversiones iniciales.
“Son campos que requieren inversiones importantes, pero para lograrlas debe haber flexibilidad en las regalías”, sostuvo el diputado Orlando Camacho al presentar un resumen del texto.
Otro cambio relevante es la incorporación de mecanismos de arbitraje independiente para resolver disputas contractuales, una demanda histórica de las petroleras extranjeras tras las nacionalizaciones y expropiaciones de activos realizadas durante los gobiernos de Chávez y Maduro.
Abogados y analistas han advertido, sin embargo, que la reforma entra en tensión con la Constitución venezolana, que reserva al Estado las actividades primarias del sector, y que su aplicación requerirá derogar o modificar leyes aprobadas en el ciclo chavista.
Menos de tres semanas después de la salida de Maduro, Caracas y Washington comenzaron a recomponer vínculos rotos desde 2019. Estados Unidos confirmó el nombramiento de Laura F. Dogu como nueva jefa de misión para Venezuela y avanzó en acuerdos energéticos que, según el presidente Donald Trump, otorgan a Washington un rol central en el principal sector económico del país.
“Estamos trabajando realmente bien”, dijo Trump al referirse a su relación con Rodríguez.
El nuevo régimen chavista busca un ingreso sostenido de divisas para estabilizar una economía marcada por la inflación y la dolarización informal. Esta semana, Rodríguez destinó 300 millones de dólares provenientes de una venta de crudo intermediada por Estados Unidos a apuntalar el bolívar, una señal de la urgencia por reactivar el flujo de capitales. Economistas han señalado que solo una apertura prolongada a la inversión extranjera puede sostener ese alivio.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción se desplomó en la última década por la falta de inversión, la gestión estatal y el aislamiento internacional.
La reforma de la Ley de Hidrocarburos busca revertir ese deterioro desmontando el modelo de control total instaurado por el chavismo y enviando una señal clara a los mercados.
Para los inversores, el alcance real del cambio dependerá de su aprobación final, de la seguridad jurídica y de la capacidad del nuevo marco para reemplazar un sistema que, durante años, ahuyentó capital y tecnología.
(Con información de AFP y Reuters)