Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, según informó el lunes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El operativo, ejecutado durante la madrugada del sábado, puso fin a casi 13 años del régimen de Maduro, acusado por Washington de liderar una red de narcotráfico con proyección internacional.
“Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense”, afirmó Hegseth durante un acto en el estado de Virginia. Fue la primera vez que una autoridad estadounidense precisó el número de efectivos involucrados directamente en la operación terrestre dentro de la capital venezolana.
Hasta ahora, la Casa Blanca y el Pentágono habían ofrecido solo detalles generales sobre el despliegue, limitándose a señalar que se trató de una acción “quirúrgica” y coordinada con aliados regionales. El domingo, el presidente Donald Trump había confirmado la captura de Maduro, pero sin aportar cifras concretas sobre el contingente militar ni el alcance logístico del operativo.
Según las autoridades estadounidenses, más de 150 aeronaves —entre aviones de transporte, cazas y helicópteros— participaron en distintas fases de la operación, partiendo desde varias bases en la región. El despliegue aéreo habría permitido asegurar el espacio aéreo, transportar tropas y evacuar a los detenidos hacia territorio estadounidense en cuestión de horas, de acuerdo con fuentes oficiales.
El Pentágono no informó cuántos militares resultaron heridos durante la incursión ni si hubo bajas entre las fuerzas venezolanas. En contraste, la dictadura de Cuba reconoció que al menos 32 ciudadanos cubanos murieron durante los ataques asociados a la operación, sin precisar si se trataba de personal militar o civil. Washington no confirmó ni desmintió esa cifra, pero afirmó que el objetivo fue “estrictamente” la captura del mandatario venezolano y su entorno inmediato.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron el lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declararon no culpables de los cargos presentados por la justicia estadounidense. La Fiscalía los acusa de conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y apoyo a organizaciones criminales, en un proceso que podría derivar en penas de varias décadas de prisión.
La captura del líder chavista representa un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, marcada durante años por sanciones económicas, acusaciones cruzadas y el desconocimiento mutuo de legitimidad política. Washington sostiene desde hace tiempo que Maduro encabeza un “narco-Estado”, mientras que Caracas ha denunciado reiteradamente una estrategia de “asfixia económica” y desestabilización impulsada desde el exterior.
En el plano interno venezolano, la operación dejó un vacío de poder inmediato. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió de forma interina la jefatura del Estado, mientras el Parlamento —de mayoría chavista— inició sesiones de emergencia para definir el marco institucional de la transición. Sectores de la oposición reclamaron elecciones anticipadas y la liberación de presos políticos, mientras organizaciones de derechos humanos pidieron garantías para evitar represalias y detenciones masivas.
El alcance real de la operación, sus costos humanos y sus implicaciones legales seguirán bajo escrutinio en los próximos meses. Mientras Maduro enfrenta ahora a la justicia estadounidense, el futuro político de Venezuela queda abierto a una transición incierta, marcada por la presión internacional y por la necesidad de recomponer un Estado profundamente erosionado tras años de crisis económica, institucional y social.