Un accidente aéreo en el principal aeropuerto de Venezuela ha vuelto a poner bajo los reflectores a un empresario panameño señalado por sus estrechos lazos con el chavismo. El miércoles, un avión ejecutivo Learjet 55, matrícula YV-3440, se precipitó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira. Entre los pasajeros se encontraba Ramón Carretero Napolitano, un hombre de negocios panameño cuya fortuna creció a la sombra del régimen de Nicolás Maduro.
El siniestro ocurrió a las 12:52 del mediodía, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). La caída obligó a activar los protocolos de emergencia, interrumpió temporalmente las operaciones en Maiquetía y provocó retrasos y desvíos en rutas internacionales. Dos personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a centros de salud, donde permanecen estables. Las autoridades aún no han ofrecido un balance definitivo de víctimas.
Imágenes difundidas por pasajeros y personal de la terminal mostraron una columna de humo saliendo de la pista tras el impacto. El INAC anunció la apertura de una Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas del siniestro, que por ahora se desconocen. La aeronave había registrado vuelos recientes hacia Cuba y Panamá, de acuerdo con el portal de rastreo FlightAware.
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La presencia de Ramón Carretero a bordo del avión tiñe de connotaciones políticas un accidente que, en otro contexto, habría quedado limitado a la crónica de sucesos. Carretero, de larga trayectoria en Panamá y Cuba, se convirtió a partir de 2013 en contratista del Estado venezolano, con adjudicaciones millonarias que incluyeron la construcción de gimnasios, un estadio de béisbol, un centro de convenciones y la remodelación de hoteles en la costa caribeña. Según una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Armando.Info, sus compañías recibieron alrededor de 769 millones de dólares en proyectos y suministros.
Los documentos filtrados a esa alianza periodística mostraron también la otra cara de la relación: empresas vinculadas a Juan Carlos López Tovar —entonces pareja de Iriamni Malpica Flores, sobrina de la primera dama Cilia Flores— recibieron en 2014 pagos por al menos 5,8 millones de dólares procedentes de sociedades de Carretero Napolitano. La connivencia iba más allá del flujo financiero. Carretero y López Tovar compartieron vuelos en jets privados y constituyeron empresas en Panamá con negocios que iban desde bienes raíces hasta alquiler de aeronaves.
Los contratos de Carretero fueron gestionados a través de la Fundación Pro-Patria 2000, un ente controlado directamente por la Presidencia de la República y dirigido por familiares de Cilia Flores. Entre 2013 y 2014, la empresa Lanvicorp, filial de los Carretero en Caracas, firmó tres contratos con Pro-Patria por unos 700 millones de dólares. Solo en esos meses, la compañía recibió al menos 138 millones de dólares en desembolsos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).
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Parte de esos fondos, de acuerdo con los registros bancarios, se trasladaron a cuentas de López Tovar y su esposa en Panamá. Investigaciones de cumplimiento interno en bancos como Allbank detectaron movimientos sospechosos, cheques millonarios y cartas de recomendación emitidas por Carretero para facilitar créditos hipotecarios de la pareja en lujosos edificios de la capital panameña. Aun así, las cuentas siguieron operativas hasta 2015.
Los negocios conjuntos se consolidaron en sociedades como Grupo Carrelop —un acrónimo de los apellidos Carretero y López—, registradas en Panamá en 2014, al mismo tiempo que el régimen desembolsaba sumas millonarias a favor de Lanvicorp. La fiscalía panameña y entidades bancarias internacionales pusieron la lupa sobre esas transferencias, aunque los contratos en Venezuela siguieron fluyendo en los años posteriores.
Entre 2016 y 2018, de acuerdo con Armando.info, las compañías de Carretero ampliaron su participación en el esquema de importaciones públicas venezolanas. Firmaron con la estatal Corpovex contratos por 4,5 millones de dólares para la adquisición de juguetes y por 37 millones más para el suministro de equipos vinculados al Carnet de la Patria, el sistema de control social del chavismo. También participaron en negocios de electrodomésticos y neumáticos valorados en decenas de millones de euros y dólares.
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Mientras tanto, López Tovar y su esposa exhibían una vida de lujo en Panamá. Registros migratorios muestran que entre 2014 y 2023 realizaron más de 180 vuelos privados a destinos como Estados Unidos, Alemania, Costa Rica y el Caribe. La pareja compró inmuebles valorados en más de tres millones de dólares y gastó decenas de miles en boutiques de Louis Vuitton, Gucci y Hermès, según los extractos de tarjetas de crédito filtrados a la investigación periodística.
La opulencia de esa red contrasta con la crisis humanitaria que atraviesan los venezolanos durante esos mismos años. El desabastecimiento, la inflación y la precariedad convivían con un esquema de contrataciones públicas que favorecía a intermediarios privilegiados. Ramón Carretero Napolitano se convirtió en uno de los principales exponentes de esa economía política del chavismo.
El accidente de Maiquetía vuelve ahora a poner su nombre en el centro del debate. Ni las autoridades venezolanas ni el gobierno panameño han emitido pronunciamientos oficiales sobre la identidad de los pasajeros o su estado de salud. La investigación técnica del siniestro recién comienza, pero la trayectoria de Carretero arroja una larga sombra sobre un hecho que, más allá del azar, conecta con la trama de negocios que ha sostenido al régimen bolivariano.
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