El dictador venezolano Nicolás Maduro propuso establecer conversaciones directas con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un nuevo intento por rebajar la tensión entre ambos gobiernos, según información publicada este sábado por Reuters. El anuncio se produjo pocos días después de que fuerzas estadounidenses realizaran el primer ataque contra un barco venezolano, acción que Washington justificó señalando que la embarcación transportaba narcotraficantes. Este episodio ha sido uno de los momentos más críticos en la escalada de medidas militares y retórica entre los dos países.
En una carta dirigida a Trump y a la que accedió Reuters, Maduro rechazó las acusaciones que señalan a Venezuela como una vía central en el tráfico internacional de drogas. El líder bolivariano sostuvo que “sólo el 5% de las drogas producidas en Colombia se envían a través de Venezuela”, de las cuales, afirmó, “el 70% fueron neutralizadas y destruidas por autoridades venezolanas”. En el documento, Maduro expresó su deseo de superar el conflicto bilateral mediante una interlocución “directa y franca” con un enviado especial estadounidense, sugiriendo el nombre de Richard Grenell para reactivar el canal diplomático y contrarrestar lo que calificó como “falsedades” y “fake news”.
Según la carta, Maduro reconoció el papel de Grenell en la resolución de incidentes previos y la facilitación de vuelos de deportación desde Estados Unidos a Venezuela, los cuales, según fuentes consultadas por Reuters, continuaron de manera regular “a pesar de los ataques estadounidenses”. El dictador venezolano fechó la carta el 6 de septiembre, cuatro días después del ataque al barco, en el que murieron 11 personas. Washington, por su parte, acusa a los fallecidos de integrar la banda criminal Tren de Aragua y de operar como narcotraficantes, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que respalden esas aseveraciones. La Casa Blanca evitó pronunciarse sobre la misiva o las declaraciones de Maduro.
La respuesta desde Washington ha incluido una intensificación de la presión diplomática y militar. El sábado más reciente, Trump publicó un mensaje en su plataforma Truth Social advirtiendo que Venezuela debe aceptar el regreso de todos los prisioneros que, según acusaciones de la administración estadounidense, el país sudamericano habría obligado a ingresar en territorio de Estados Unidos. El mandatario norteamericano amenazó con un costo “incalculable” si el régimen venezolano se niega a colaborar. Además, el viernes, Trump anunció el que describió como el tercer ataque contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes venezolanas, destacando el despliegue de siete buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas F-35 de tecnología furtiva en la zona sur del Caribe.
El régimen de Venezuela ha calificado la operación militar estadounidense como una “amenaza militar” dirigida a propiciar un “cambio de régimen”, en palabras del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien definió la situación como una “guerra no declarada”. En respuesta, Caracas organizó tres días de ejercicios militares en la isla La Orchila, ubicada al norte del país, que incluyeron la participación de 2.500 efectivos, 12 naves de la armada, 22 aeronaves, vehículos anfibios y unidades de la Milicia, una fuerza civil armada leal al chavismo. Durante los ejercicios, se realizaron lanzamientos de misiles y exhibición de armamento adquirido a Rusia, el principal aliado del régimen venezolano. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó durante los ejercicios que el país debe estar listo para sorprender a cualquier fuerza invasora.
Sin embargo, diversos especialistas citados por la AFP subrayaron que la capacidad de combate real de la Fuerza Armada venezolana se encuentra disminuida tras años de crisis económica, y que las maniobras en La Orchila son percibidas como una operación propagandística orientada a demostrar control y disuasión interna.
A pesar de la escalada de tensión, la administración de Trump aparece fragmentada en cuanto a su enfoque sobre Venezuela. Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, impulsan la presión sobre Maduro, otros funcionarios como Grenell favorecen el canal diplomático. Un funcionario estadounidense citado por Reuters indicó que más de 8.000 venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos mediante vuelos gestionados con la cooperación de Caracas, aunque la agencia no pudo verificar de forma independiente esas cifras.
Expertos internacionales, como Geoff Ramsey del Atlantic Council y Henry Ziemer del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, evaluaron para Reuters que tanto Trump como Maduro buscan evitar una guerra abierta, pero alertan sobre el riesgo creciente de errores de cálculo dado el despliegue de fuerzas y la presión mutua. Coinciden en que la Fuerza Armada venezolana dispone oficialmente de 123.000 efectivos y 220.000 milicianos, aunque fuentes militares cifran en unos 30.000 el número de milicianos realmente entrenados y armados en el país. La tensión persiste mientras ambos gobiernos mantienen mensajes cruzados a través de canales diplomáticos y demostraciones militares.
(Con información de AFP y Reuters)