La ONG venezolana Acceso a la Justicia aseguró este jueves que para las elecciones municipales, previstas para el próximo 27 de julio, se “agravan” prácticas que “contravienen principios básicos del ordenamiento jurídico electoral” del país.
La organización indicó, a través de una nota de prensa, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo- “vuelve a reeditar” los patrones de “falta de transparencia y restricciones de las elecciones pasadas del 25 de mayo”.
“Así, los nuevos comicios se anuncian sin información suficiente y clara sobre los candidatos, se reducen notablemente los tiempos de campaña, el registro electoral se cierra sin previo aviso y se excluyen líderes opositores, entre otros, mediante inhabilitaciones de la CGR (Contraloría General de la República), ratificadas por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia)”, añadió.
Esta situación, a juicio de esta ONG, limita “gravemente” el derecho a elegir y ser elegidos de los venezolanos, “y afecta su confianza en el sistema electoral, lo que puede reducir las posibilidades de participación de la ciudadanía”.
La ONG indicó que el CNE “adelantó los comicios” municipales “sin explicación ni justificación institucional” cuando los actuales funcionarios tienen “mandato hasta noviembre de 2025”.
“La convocatoria fue realizada con solo 53 días de antelación, en abierta violación al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que exige al menos seis meses de preparación”, agregó.
Asimismo, dijo que el mismo día que se anunció el proceso, el pasado 4 de junio, el CNE cerró el registro electoral, lo que “ha impedido a nuevos votantes inscribirse o a ciudadanos actualizar sus datos”.
“Esta decisión restringe el derecho al sufragio, en especial de jóvenes y migrantes retornados, y mina la confianza en la equidad del proceso”, sostuvo.
Acceso a la Justicia también denunció que la información oficial sobre el cronograma electoral ha sido difundida de “forma irregular” a través de redes sociales y canales no oficiales, en la que prevé una “campaña electoral de 14 días, tiempo insuficiente para que los candidatos se den a conocer o para que el CNE promueva la información necesaria a fin de que haya una participación efectiva”.
Igualmente, criticó las inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría General a alcaldes de los estados Trujillo, Nueva Esparta y Táchira, “quienes estarían impedidos de aspirar a la reelección”.
Este jueves, el partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV) denunció que no podrá participar en los comicios municipales, al asegurar que le fue “impedida” su postulación, tal y como, según afirma, sucedió en las regionales y legislativas de mayo pasado.
Para el secretario general del MPV, Simón Calzadilla, con esta supuesta decisión el régimen “perdió la oportunidad” que -considera- representaban estos procesos electorales para generar “escenarios” que promovieran una “salida inteligente, negociada y pacífica” a la crisis venezolana.
(Con información de EFE)