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Una ONG pidió que se respete el debido proceso en el caso de un periodista venezolano detenido hace 10 meses

Justicia, Encuentro y Perdón exigió que se acaten “las garantías fundamentales” de Gabriel González, reportero que forma parte del equipo de prensa del partido Vente Venezuela

Gabriel González, colaborador del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado (ismaelgabriel22)

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió este jueves respeto al debido proceso en el caso del periodista Gabriel González, quien forma parte del equipo de prensa del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, al cumplirse 10 meses de su detención.

“Exigimos el respeto a las garantías fundamentales, el debido proceso y el cese de la criminalización del periodismo. Gabriel González y todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato”, indicó la organización en X.

Reiteró que la detención del periodista es una “grave violación a sus derechos humanos y al ejercicio libre del periodismo”.

González fue detenido en junio de 2024, un mes antes de las presidenciales, cuando, según dijo entonces Machado, el periodista salió a comprar algo para almorzar y fue interceptado y “llevado al Helicoide”, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El martes, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) afirmó que Venezuela se ha convertido en “un lugar hostil” para los trabajadores de la prensa, al tiempo que alertó sobre encarcelaciones “sin condena ni juicio”.

El secretario general del CNP de Caracas, Edgar Cárdenas, manifestó su preocupación por lo que consideró “detenciones arbitrarias” en Venezuela, donde permanecen arrestados 13 trabajadores de la prensa, según un conteo del CNP, a quienes -agregó el secretario general- se les “inventa todo un expediente con falsas acusaciones sin ningún tipo de prueba”.

Según la ONG Espacio Público, en junio se produjeron 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, entre las que figuran como más frecuentes la intimidación, amenazas y censura. EFE/Esteban Biba/Archivo

“En los últimos años, hemos sido testigos de un deterioro alarmante en las condiciones del ejercicio de los periodistas: detenciones arbitrarias, cierres de medios y persecución sistemática”, afirmó Cárdenas, citado en una nota de prensa.

A su juicio, la represión se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando se desató una crisis luego de que el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamara a Nicolás Maduro como ganador, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento.

Asimismo, Cárdenas indicó que, entre 2007 y 2025, “más de 400 medios de comunicación” han cerrado en Venezuela y, este año -agregó-, “se han contabilizado 54 ataques a la prensa y registrado casos de intimidación, impedimento de cobertura, amenazas, hostigamientos, cierre de emisoras, robo y decomiso de equipos, agresiones físicas y verbales”.

Por su parte, el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, instó a las autoridades venezolanas y al Poder Judicial a “cesar la persecución, hostigamientos y agresiones contra los periodistas y defensores de los derechos humanos”.

El CNP pidió la liberación de los 13 periodistas presos, que son Gabriel González, Carlos Julio Rojas, Luis López y Ramón Centeno -arrestados antes de las presidenciales-, así como Nakary Ramos, Rory Branker, Leandro Palmar, Belices Cubillán, Julio Balza, Ronald Carreño, Biagio Pilieri, Víctor Ugas y José Camero, detenidos tras las elecciones.

Según un informe de la ONG Espacio Público difundido el mes pasado, en 2024 hubo 619 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela -la mayoría “intimidación”-, un incremento del 61 % respecto a 2023, cuando se registraron 384.

Además, registró 99 detenciones, un alza del 253,5 % frente a 2023, cuando hubo 28, según la organización, que computó el año pasado las aprehensiones de 71 “particulares”, 24 “periodistas y trabajadores de la prensa”, tres miembros de ONG y un trabajador público.

(Con información de EFE)

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