El gobierno de Canadá, a través de Mélanie Joly, Ministra de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional, ha anunciado la imposición de nuevas sanciones contra altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Estas medidas, que se amparan bajo el Reglamento sobre Medidas Económicas Especiales (Venezuela), buscan presionar al régimen venezolano para que respete los derechos humanos y la democracia del país sudamericano.
La ministra Joly declaró que “las sanciones de hoy reflejan el compromiso de Canadá con la democracia y el estado de derecho”, citado por el medio.
El anuncio incluye a ocho funcionarios actuales del régimen de Maduro, quienes han participado en actividades que respaldan de manera directa o indirecta las violaciones a los derechos humanos y socavan la democracia en Venezuela.
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Entre las figuras sancionadas se encuentran Douglas Arnoldo Rico González, Carlos Enrique Terán Hurtado y Jose Ramon Figuera Valdez, entre otros.
“Estas medidas son un mensaje claro al régimen de Nicolás Maduro de que Canadá no tolerará actividades que violen los derechos humanos”, subrayó la Ministra Joly.
Desde 2017, Canadá ha implementado seis rondas de sanciones dirigidas a figuras relacionadas con el régimen venezolano. Las primeras sanciones afectaron a cuarenta individuos en septiembre de ese año, acusados de desestabilizar las instituciones democráticas. Posteriormente, en mayo de 2018, enfrentaron sanciones catorce personas más tras las elecciones presidenciales consideradas ilegítimas por la comunidad internacional. En abril de 2019, las medidas impactaron a cuarenta y tres altos funcionarios vinculados con acciones represivas. Canadá ha ampliado las sanciones progresivamente: “Con estas nuevas adiciones, el país suma ya 139 personas sancionadas”.
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Los más recientes movimientos continúan con sanciones impuestas en diciembre de 2024 y enero de 2025, enfocadas en aquellos conectados tanto con violaciones a los derechos humanos como con el debilitamiento democrático de Venezuela. Canadá reafirma su posición firme y sostenida a favor de una salida pacífica, liderada por los propios venezolanos. “Hacemos un llamado a todas las partes para iniciar negociaciones que garanticen la voluntad democrática del pueblo venezolano y permitan un proceso de transición pacífica”, recalcaron declaraciones de la Ministra reconocidas por el medio.
Además, en 2017, Canadá actuó bajo la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos, sancionando a 19 personas involucradas en graves delitos de derechos humanos y corrupción significativa. El gobierno canadiense también expresó su preocupación ante “acciones desestabilizadoras del régimen de Maduro que representan una amenaza para los venezolanos y la región”, consolidando su compromiso con los derechos humanos en América Latina.
Las sanciones no solo buscan responsabilizar a altos cargos del chavismo por actos represivos y la erosión democrática, sino también disuadir futuras acciones contra periodistas, líderes opositores y la sociedad civil. En este sentido, Canadá reafirma un mensaje estratégico en sintonía con la comunidad internacional, promoviendo la transparencia y la restitución democrática en Venezuela.
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Finalmente, la declaración emitida enfatizó que las sanciones de Canadá se complementan con medidas similares adoptadas por sus aliados, reflejando una alianza sólida contra las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Mientras tanto, observadores internacionales siguen atentos al impacto de estas políticas sobre el régimen y la población venezolana.