Familiares de un grupo de presos políticos en Venezuela se acercaron este martes a la Defensoría para entregar a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro un documento en el que exigen permiso para poder visitar a sus seres queridos.
Andreína de Grazia, hija de Américo de Grazia, detenido el 7 de agosto por supuesta “instigación al odio e incitación a la rebelión”, denunció que no ha tenido contacto con él desde su arresto y que, por tanto, desconoce su estado de salud.
“Estamos exigiendo que, por favor, nos permitan, por lo menos, su visita para verificar (su salud) y tener contacto directo con él”, dijo en la sede de la Defensoría y recordó que, al igual que su padre, están en esta situación los opositores Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Ronald Carreño, Alfredo Díaz y “muchos otros”, injustamente detenidos e incomunicados.
“Estamos aquí, alzando la voz para que se haga justicia y la libertad inmediata, porque ellos son inocentes”, insistió.
Al igual que De Grazia se manifestó Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, quien denunció que su pareja está detenida desde hace 138 días y que, en todo este tiempo, se le ha “negado todo derecho fundamental que debería tener cualquier persona”.
Andreína Baduel, cuyo padre murió en la cárcel en 2021, tras 12 años detenido, también denunció que tiene 16 días sin recibir “ningún tipo de información” de su hermano Josnars Adolfo, recluido en la cárcel Rodeo I en el estado de Miranda.
El régimen utiliza un “patrón de aislamiento e incomunicación” al que son “sometidos” todos los “presos políticos”, privados de su libertad en “centros de tortura”, sostuvo, y exigió “el cese de los tratos crueles a los presos políticos y sus familias”.
Por último, Aurora Silva, pareja de Superlano, pidió el respeto de sus derechos fundamentales y recordó que el disidente, recluido en El Helicoide, “no ha cometido ningún delito”.
“No sé si es que mi esposo está siendo torturado físicamente y por eso no me dejan verlo”, teme Silva.
En tanto, los abogados de la activista Rocío San Miguel también presentaron este martes un escrito ante la Justicia, en su caso para pedir una “medida humanitaria” para la opositora, que requiere una intervención quirúrgica tras sufrir una fractura de hombro.
“Ella tiene que ser operada, ni siquiera por un traumatólogo, sino por un especialista en hombro, y el éxito de esa operación es el posoperatorio (...) en familia” y en El Helicoide “no existen las condiciones” para ello, sostuvo Theresly Malavé, su defensora, quien denunció también que las autoridades penitenciarias tardaron cuatro meses en diagnosticarla.
“Ojalá el día de hoy definitivamente se le dé su medida humanitaria”, manifestó.
Malavé asegura que San Miguel “es inocente” y fue injustamente acusada y detenida por una supuesta “trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra Maduro y el chavismo, el 9 de febrero de 2024.
Desde entonces, alertó, “la única que ha podido verla es su hija, ni siquiera la defensa pública” asignada o ella misma.
Por último, dijo que su cliente es víctima de una “especie de aislamiento” y que “no se ha salvado del patrón de violación de derechos humanos” al que son sometidos “todos los presos políticos en el país”, que según la ONG Foro Penal son 1.196, de momento.
(Con información de EFE)