El activista y periodista venezolano Carlos Julio Rojas cumplió 200 días detenido -según denunció este viernes su esposa, Francy Fernández, a través de una nota de prensa- de “manera arbitraria” en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, donde permanece -aseguró- “sin derecho a la defensa (privada)”.
Por su parte, el abogado del activista, Eduardo Torres, exigió que se garantice “el debido proceso” y el derecho a la designación de defensa privada, que “acceso a los expedientes” para conocer “las acusaciones”, y poder así proceder con la representación judicial del detenido.
El periodista fue detenido el pasado 15 de abril y acusado, según el fiscal general del régimen chavista Tarek William Saab, de los delitos de terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
El intento de magnicidio que se le imputa se debe, según la autoridades, a que está supuestamente vinculado a un plan para asesinar al jefe de Estado Nicolás Maduro el pasado 25 de marzo durante el acto de inscripción de su candidatura de cara a las elecciones presidenciales que se celebraron el 28 de julio.
Saab explicó que el periodista forma parte de Vente Venezuela (VV), el partido fundado y liderado por la líder opositora María Corina Machado, y aseguró que recibía órdenes de la ex diputada para generar protestas violentas en el país.
Rojas ya había sido un preso político recluido en el penal militar Ramo Verde, del cual salió con medidas cautelares en 2017. Ha sido descripto como un activo dirigente vecinal y periodista que denuncia las violaciones de derechos humanos en Caracas.
Vente Venezuela cifra en más de 150 los políticos opositores detenidos “arbitrariamente”, entre ellos dirigentes nacionales y personas que ocupaban cargos de elección popular cuando fueron arrestados.
La formación, así como diversas ONG, aseguran que no cometieron ningún delito, por lo que -insiste- están recluídos por motivos de conciencia, mientras que el canciller del régimen venezolano, Yván Gil, aseguró recientemente que el país caribeño está “libre de presos políticos”, una afirmación criticada por el antichavismo y diversos sectores sociales.
Familiares de presos políticos en Venezuela se manifestaron el miércoles frente a la sede de la Fiscalía en Caracas para exigir que se retiren los cargos contra ellos y los dejen en libertad. Con carteles con lemas como “Libertad para todos los presos políticos”, “Basta de persecución” y “No más tortura en Venezuela”, el grupo protestó contra el régimen de Nicolás Maduro y la intensa represión que ordenó desde los comicios del 28 de julio.
Los movilizados también reclamaron el acceso a los expedientes de sus parientes para una correcta evaluación de cada caso y la posibilidad de designar a un equipo de abogados de confianza, que el régimen suele prohibir, quedando los acusados obligados a recibir la defensa de un letrado impuesto por el Estado, que no presenta pruebas o documentos clave.
Los dirigentes opositores María Corina Machado, en Venezuela, y Edmundo González Urrutia, en España, aseguran seguir trabajando por conseguir el cese de la persecución en el país y la libertad de todos los presos políticos, así como el retorno del orden democrático, tal como fue expresado por la mayoría del pueblo en los comicios.
“Todo lo que vale la pena sucede únicamente cuando le apostamos por completo a la verdad y a la vida. Hemos recorrido juntos un largo camino de dolor, crecimiento y rendición. Es hora de construir el futuro que realmente nos merecemos”, dijo la líder opositora días atrás al ratificar su lucha en defensa de la victoria electoral de González Urrutia.
(Con información de EFE)